El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles, 21 de febrero, que amplió la restricción de visas a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que facilitan la migración irregular al país norteamericano.
Las primeras sanciones fueron impuestas en noviembre pasado tras una investigación de Artículo 66 que reveló la llegada sospechosa de una cantidad inusual de viajes procedentes de Haití, Cuba y otros países del Caribe.
«El Departamento de Estado implementa hoy una nueva política sobre restricción de visas conforme al artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) que tiene como objetivo a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos chárter y transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados a ser usados principalmente por personas que tienen la intención de migrar de manera irregular a Estados Unidos. Esta nueva política amplía y reemplaza la política 3C sobre Nicaragua relativa a vuelos chárter que se emitió en noviembre de 2023», dice el comunicado difundido por las autoridades estadounidenses.
Aproximadamente más de 36 mil personas de estos países vinieron en vuelos desde su nación al aeropuerto Augusto C. Sandino. La mayoría de vuelos eran de las aerolíneas Sunrise Airways S.A., InterCaribbean Airways y Sky High Aviation Services, la mayoría registradas en los países de donde venían los migrantes.
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La dictadura de Ortega y Murillo se aprovechó de la crisis migratoria en estos países para ofrecer vuelos privados o chárter a sus ciudadanos, en los cuales llegaban al aeropuerto de Managua para posteriormente irse en taxi hasta la frontera con Honduras.
Se estima que este negocio ya generó más de 7 millones de dólares para la dictadura, según datos de varias organizaciones que monitorean las estadísticas migratorias.
La ampliación de las sanciones va dirigida a los colaboradores de las empresas que «brindan servicios de transporte diseñados para ser utilizados principalmente por personas que intentan migrar irregularmente a los Estados Unidos». La restricción alcanza a propietarios y funcionarios de compañías que operan vuelos chárter, así como compañías de transporte terrestre y marítimo.
«La política tiene como objetivo a operaciones de transporte que se aprovechan de la situación de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos», señala la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, Mathew Miller.
«(Los migrantes) a menudo pagan precios extorsivos y se exponen a riesgos ellos mismos y exponen a los familiares que los acompañan, nada más que para ser asignados a procedimientos de expulsión conforme a las leyes sobre inmigración de EE. UU.», agrega.
El funcionario norteamericano señaló que nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos. «Seguiremos colaborando con los gobiernos y con el sector privado, tanto dentro de la región como fuera de ella, para eliminar esta práctica de explotación», concluyó Miller.
