Tras recibir una carta del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) dirigida al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en la que se pedía el cese de las extradiciones de opositores nicaragüenses, el gobierno costarricense respondió con una misiva que el organismo humanitario considera como una declaración de que la «práctica legal continuará».
En la carta, enviada el pasado miércoles, seis de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores y de Culto, doctor Arnoldo André, reafirma «el compromiso de Costa Rica con los principios universales de los derechos humanos».
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«Nuestro país ha mantenido una posición firme en todos los foros multilaterales al denunciar las violaciones a las garantías básicas en Nicaragua, y continuará haciéndolo en el futuro», señala el funcionario a la receptora de la nota, la abogada y defensora de derechos humanos Jazmín Sánchez Granera.
Respecto al caso del líder campesino Douglas Pérez Centeno, extraditado de Costa Rica el pasado 16 de febrero, André dijo que «la decisión emitida obedece a un proceso judicial y, exclusivamente, solo las autoridades del Poder Judicial de la República tienen la facultad de llevarlo a cabo, sin que el Poder Ejecutivo tenga injerencia alguna en este caso particular».
«Es importante subrayar que el Estado costarricense es respetuoso de la división de poderes y seguirá defendiendo los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestra región», reitera la misiva.
Sin embargo, Calidh expresó que la respuesta del gobierno de Chaves es una demostración de que «las extradiciones a los nicaragüenses seguirán». «El ministro alega la separación de poderes y, despiadado, afirma que el gobierno tiene compromiso con los derechos humanos. Falso», criticó el organismo humanitario, en su cuenta oficial de la red social X.
La organización, exiliada del país debido a la persecución del régimen orteguista, manifestó que denunciarán al país centroamericano ante la comunidad internacional. «Tras la respuesta falaz del ministro de exteriores de Costa Rica vamos a denunciar inmediatamente al Estado y buscar la forma de detener cualquier próxima expulsión, solicitando medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los refugiados no pueden ser devueltos».
La demanda de Calidh
El 22 de febrero del presente año, Calidh acusó a Chaves de «colaborar con el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo» al aceptar la extradición de un opositor nicaragüense. Por medio de una carta abierta, la organización le pidió al dirigente del país centroamericano que su administración «cese cualquier proceso de extradición».
La organización denunció que, con la colaboración del gobierno tico, «el Poder Judicial (de Nicaragua) decidió extraditar a Douglas Pérez Centeno, devuelto a un Estado que comete delitos de lesa humanidad desde 2018». El opositor del régimen nicaragüense solicitó refugio en Costa Rica en múltiples ocasiones, sin embargo, fue detenido y «enviado» directamente a las manos de la dictadura orteguista.
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La organización consideró que el Gobierno tico «debía de al menos verificar que el país solicitante de la extradición de Pérez Centeno podía garantizar un debido proceso legal». Procedimiento que, según el Calidh, la dictadura de Nicaragua no realizará con el caso del opositor ni con Reinaldo Picado, un segundo crítico del régimen que también está a la espera de una posible extradición.
Por lo tanto, el organismo defensor de derechos humanos le solicitó al gobernante de Costa Rica que «reencamine las políticas migratorias de su país para asegurar la protección efectiva de los nicaragüenses que huyen (de Ortega)». Además, le pidió que «cese cualquier tipo de extradición pendiente».
Otro nicaragüense que teme a ser extraditado es el profesor de Matemáticas y exreo político Gabriel Leónidas Putoy Cano, originario de Monimbó, Masaya. Actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica, en calidad de refugiado, pero debido a una orden de captura, girada por la dictadura sandinista, sus cuentas bancarias fueron cerradas y está desempleado.
