Ilustraciones e infografías de Galería News
Un cierto güis, con un hermoso pecho amarillo, se posa en la pequeña ventana de una oscura celda de las cárceles del Chipote, y Tamara Dávila por fin sonríe. Lleva casi una semana aislada. De un salto, se pone de pie, camina en el pequeño espacio del camarote de cemento y mirando al ave cantora exclama: «¡Hola, pajarito! Andá donde mi hija, llevale tu canto en mi nombre y decile que la quiero».

El 12 de junio de 2021, la Policía de Nicaragua separó de forma violenta a Tamara, de 40 años entonces, de su hija de cuatro. La feminista y defensora de derechos humanos, crítica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se convirtió así en una presa política. En aquel aislamiento, sufrió la intolerancia de quienes la custodiaban. Ella conversaba con pequeños arácnidos que construían sus telarañas en la celda. «Yo platicaba con ellas, y muchas veces los policías, durante las requisas, me las mataban», recuerda ahora en Estados Unidos.
Durante más de 600 días, la soledad fue la única compañera de Tamara. Entre junio de 2021 y el nueve de febrero de 2023, 14 mujeres fueron prisioneras de la dictadura nicaragüense por razones políticas. Ellas y otros 208 presos de conciencia fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, cuando el Ejecutivo los subió a un avión y posteriormente les quitó su nacionalidad, luego de considerarlos «traidores a la patria». Eso se sumó a una serie de violaciones a los derechos humanos que el grupo de expertos de Naciones Unidas consideró tan graves que las comparó con las cometidas por los nazis.

El testimonio de cuatro mujeres, entrevistadas por ARTÍCULO 66, se publica ahora en ocasión de un año de su exilio forzado, justo cuando en el mundo entero se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En el rompecabezas de sus relatos, se evidencia la cadena de ilegalidades cometidas desde su captura ilegal, cinco meses antes de las votaciones presidenciales. Ortega y Murillo se presentaron entonces como candidatos a la reelección con todo el aparato electoral bajo control, con todos sus posibles competidores encarcelados, además de líderes de partidos políticos, movimientos sociales, empresarios, entre otros.
Tamara, su tía Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Suyen Barahona se conocían de las filas de la Unión Demócrata Renovadora (UNAMOS), los antiguos renovadores sandinistas que son considerados enemigos por el orteguismo. Los días de cárcel de estas mujeres unieron sus nombres al de otras reclusas como Samantha Jirón, detenida arbitrariamente después de las votaciones consideradas ilegítimas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si en algo coinciden las cuatro es que el régimen «odia a las mujeres» como plasma un libro sobre las vivencias de 11 exreas de conciencia, titulado “Libertad tras las rejas”, de Juan Marieli y Wilfredo Miranda Aburto, publicado a finales de noviembre pasado. Hay muchas vivencias. Tamara lloraba por sus arañas asesinadas en el hueco de cemento y metal que era su celda. Calurosa como un horno, mientras en las madrugadas hacía mucho frío.
Los primeros 90 días en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», no la sacaban a recibir sol, no hablaba con otras personas más que sus interrogadores. Le decían que era una «mala madre» por meterse en la lucha contra el Gobierno y haber «abandonado» a su hija. En contravía a la inquina de los oficiales, caminaba, hacía ejercicios, buscaba como encontrar reposo en un cansancio que la forzara a dormir. No lo lograba.
«Ahí (en la cárcel) no sucedía nada sin que El Carmen (residencia presidencial) lo supiera. Las torturas que aplica la DAJ las aplica bajo el mando directo de Ortega y Rosario (Murillo). Ellos son los responsables de lo que está pasando en este país y de todo lo que hemos sufrido», acusa.
El siete de abril de 2023, un mes después de su destierro, se reencontró con su hija. A la niña debieron sacarla de manera clandestina para lograr el objetivo. Tamara encontró finalmente la libertad en los brazos de su hija a un costo alto: su encierro y el impacto que la cárcel significó para todo su grupo familiar.
Dora María Téllez: la mujer que desafió a dos dictaduras
A sus 68 años, Dora María Téllez se ha enfrentado a dos dictaduras: la de la familia Somoza y la de su antiguo compañero de armas sandinista, Daniel Ortega.

Historiadora y feminista, la comandante guerrillera Téllez fue un símbolo de la lucha antisomocista. Participó en la toma del Palacio Nacional en 1978 y también es ahora una voz incómoda para el orteguismo. El 13 de junio, un día después de Tamara, fue encarcelada en un operativo de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). La confinaron al pabellón carcelario diseñado para hombres. Sumó 605 días de aislamiento solitario.
«Me llevaron a una celda absolutamente oscura, donde la única luz era una lámpara sobre el pasillo a ocho metros y eso no permite ninguna visibilidad, no entra en absoluto la luz solar y me colocaron ahí, en condición de confinamiento solitario hasta el día en que salimos desterrados a los Estados Unidos», relata Téllez.
Los interrogatorios en su caso eran hasta tres veces al día, a cualquier hora. Los guardias de la dictadura preferían la noche o la madrugada. «Les encantaba levantar a la gente a medianoche, tal vez para asustarnos», detalla la expresa política. Sufrió amenazas. Incluso un oficial se excedió y la amenazó con mandarla a la cárcel para mujeres «La Esperanza» si no colaboraba. Nunca la amedrentó. «Nada de lo que digás me va a hacer cambiar de opinión», le dijo.

Las audiencias en las madrugadas para el juicio se convirtieron en otra violación. No la dejaron ni hablar con su abogado y le leyeron la sentencia. Dora María Téllez resultó culpable del delito de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional, La condena fue de ocho años de cárcel.
Igual que Tamara, la comandante sandinista recuerda la tortura a la que fueron sometidas en El Chipote. «No teníamos derecho a ninguna lectura, no teníamos lápices ni papel para escribir, restricción de visitas familiares. No teníamos absolutamente derecho a ningún tipo de actividades de socialización».
En noviembre de 2022, la Universidad Sorbona Nueva París le entregó el doctorado Honoris Causa, que no pudo recibir por su condición de presa política
La pesadilla de Suyen Barahona
La suerte de Suyen Barahona se concretó en un largo 13 de junio de 2021, mientras dispositivos policiales apresaron de manera paralela a otros dirigentes opositores. Imaginen su vivienda familiar; imaginen a un niño de cuatro años correteando y, de repente, la Policía. Por montones. El pequeño alcanza a ver los monitores de las cámaras de vigilancia. «Mamá, papá, viene la Policía», alcanza a decir.

Ella intentó adelantarse para evitar que su hijo fuera testigo de la violencia del Estado. Fue muy tarde. La esposaron, la llevaron a rastras hacia las camionetas policiales y le empujaron la cabeza hacia el piso del vehículo. Según su testimonio, una policía sentada a su lado la amenazó sin miramientos: «Si vuelve a levantar la cabeza reventásela», le dijo a otro oficial. Ya no lo intentó.
Cautiva de la policía política, la llevaron a una celda solitaria. A diferencia de los otros testimonios, a ella le mantenían una luz encendida las 24 horas del día. El insomnio era perenne. «Nos torturaron de diferentes maneras. Esa luz permanente, la falta de sol, y la prohibición de ver o saber de nuestras familias», recuerda. Ella no supo de su hijo ni de su familia hasta los 81 días de estar privada de libertad, cuando le autorizaron la primera visita de su mamá.

La alimentación era terrible. Les limitaban las comidas a una porción en la que se podían contar los granos de frijoles que les daban, que no pasaban de 30 ó 40 granos revueltos en una o dos cucharadas de arroz. Perdió más de 30 libras de peso.
El montaje contra la joven Samantha Jirón
Samantha Jirón tenía 21 años al momento de su detención arbitraria. Ocurrió el nueve de noviembre de 2021, dos días después de la farsa electoral. Salía de un hotel capitalino. Paramilitares se le acercaron en un carro sin placas y se la llevaron, mientras se adentraba en los barrios del sur de Managua.

Recibió un fuerte puñetazo. Sangró por la boca. Ese momento fue de total incertidumbre, el vehículo se metió por calles solitarias y ella pensaba que le iban a pegar un tiro. Entonces la llevaron a la cárcel El Chipote. La desnudaron, le hicieron fotos, la humillaron y empezaron con los interrogatorios. El tema de interés era su relación con otros presos políticos y, entonces como si fuera poco su saña, también la amenazaban con hacerle pagar las consecuencias a su familia.
Samantha fue traslada a la estación tres de la Policía a otra de las cárceles de la dictadura. Aguantó frío y hambre hasta que 22 días después la mandaron a la cárcel de mujeres «La Esperanza». Ahí estuvo 14 meses, la mitad de ellos sometida a aislamiento. Sufrió maltrato. Le prohibían las visitas.
«En los primeros meses empecé a experimentar lagunas mentales que hasta el día de hoy persisten. En la cárcel no me acordaba el nombre de personas muy conocidas, se me olvidaban muchas cosas», cuenta Jirón, quien nunca se abandonó a la desesperanza. Ahí adentro, en medio de la nada, ella nunca dejó de imaginar que un día sería nuevamente libre.
En Estados Unidos, a centenares de kilómetros de Nicaragua, la comandante sandinista Dora María Téllez parece empeñada en leer y escribir todo lo que sus captores no le permitieron. Su otro objetivo es aportar a un diálogo de altura para lograr una oposición unificada, un tema que luce complicado con varias facciones echándose culpas por la situación del país.
Tamara Dávila y Suyen Barahona sueñan con un país en democracia, con una Nicaragua distinta, mientras Jirón sostiene que vive un proceso. No ha logrado su reunificación familiar, ha trabajado como mesera en restaurantes, limpieza y mantenimiento de edificios y actualmente labora para una empresa de tecnología.
«Rosario Murillo—la esposa de Ortega— no tolera ninguna mujer que pueda tener algún tipo de liderazgo, de criterio propio, participación en la política que no sea ella misma. Murillo y Ortega odian a las mujeres», dice Samantha Jirón.
Apuntes sobre los presos y presas políticas de Nicaragua
El caso de los 222 presos políticos de Nicaragua ha sido documentado con amplitud por los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. En distintos momentos, se ha denunciado el método de la «tortura blanca» y también la física dirigida a los opositores.

Hay aquí algunos comentarios realizados por algunos documentos:
Según el Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en Nicaragua existen todavía 121 presos políticos, de los cuales 111 fueron detenidos a a partir de las protestas de 2018. Del total, 19 son mujeres.
Para Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos que investigó el caso de Nicaragua, hay un patrón de abusos. «Desde abril de 2018, el presidente Ortega, Rosario Murillo y otros, han estado llevando a cabo hechos que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos», dijo en una declaración en 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 12 de septiembre de 2023.
También el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dijo en un informe sobre violencia sexual contra presas políticas encarceladas en 2018 que «sin duda estos testimonios desgarradores no solo nos muestran la brutalidad sin precedentes de un régimen que usa la tortura como mecanismos de control social sino también nos muestran la fuerza y resistencia de las mujeres sobrevivientes».
El Estado de Nicaragua tiene 16 años de no participar en las discusiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) para considerar la implementación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
De acuerdo con la Asociación Médica Mundial, se considera abuso del régimen de aislamiento carcelario cuando el aislamiento sobrepasa los 15 días. La reducción de la comida o agua del recluso o ponerlo en una celda oscura o constantemente iluminada puede constituir una forma de tortura o malos tratos, y como tal debe prohibirse de conformidad con el derecho internacional, de los derechos humanos y la ética médica.
Las cárceles de Nicaragua: centros de torturas contra opositores
Casos de tortura: El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en su octavo informe del Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura, señala que tiene documentados 158 casos de torturas entre los que se cuentan 130 hombres, incluyendo dos menores de edad, y 28 mujeres.
Métodos de tortura: Las fuerzas represivas de la dictadura de Nicaragua han aplicado al menos 40 métodos de tortura:
Las principales formas de torturas o tratos crueles contra reos de conciencia son: Condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte contra el reo o sus familiares, desaparición forzada temporal, choques eléctricos, quemaduras, suspensión o colgamiento, desprendimiento de uñas y simulación de ejecución o asesinato; violencia sexual, incluyendo la violación sexual y tortura psicológica.

Centros de tortura: Para mantener encarcelados bajo condiciones inhumanas y aplicar torturas a los presos políticos, la dictadura utiliza seis cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y por lo menos dos de la Policía.
El Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, a 22 kilómetros de Managua, en el municipio de Tipitapa, es el penal más grande de Nicaragua y es señalado como el principal centro de tortura.
Dentro de La Modelo está la galería de máxima seguridad La 300, que en su interior tiene «El infiernillo» y las chiquitas, donde los carceleros del régimen aplicaron algunos o todos los métodos de tortura denunciados por los defensores de derechos humanos.
En Managua, el principal centro de tortura administrado por la Policía es la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que durante el inicio de la crisis de 2018 operaba en el antiguo Chipote, en la Loma de Tiscapa; y a partir de 2019 en el Complejo Policial Evaristo Vasquez, conocido como El Nuevo Chipote, en los alrededores del barrio Memorial Sandino, al sur de la capital, y la delegación policial del Distrito III de Managua.

Asimismo, fueron utilizados para encarcelar a opositores los penales en diferentes departamentos de país:
La Granja, en Granada; «El Sistema», de Chinandega; «La Chácara», en Estelí; Centro Penitenciario de Waswalí, en Matagalpa; el penal de Cuisalá, en Juigalpa, Chontales; y la cárcel de mujeres La Esperanza, en Tipitapa, Managua.
Ortega viola Constitución Política de Nicaragua y Convención Contra Tortura
El estado de terror y tortura impuesto por la dictadura Ortega Murillo viola el artículo 36 de la Constitución Política del Nicaragua que establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley».
Además, el régimen sandinista viola la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, de la cual Nicaragua es suscriptora desde abril de 1985, y ratificada por la Asamblea Nacional en mayo de 2005.
Torturadores = criminales de lesa humanidad
Los principales perpetradores de violaciones a los derechos humanos y torturas contra reos de conciencia en Nicaragua son Daniel Ortega y Rosario Murillo y luego toda una cadena de mando que se le subordina.
Cadena de mando: para canalizar las órdenes de torturas están los asesores presidenciales en temas de seguridad Néstor Moncada Lau, el director de la Policía, Francisco Díaz; ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. También figura Horacio Rocha (Rochón), asesor presidencial en temas de seguridad con rango de ministro. Es el mando real en la Policía y un operador represivo de Ortega y Murillo.
En el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), los torturadores son: Prefecto Julio Guillermo Orozco, director general; los subprefectos Venancio Miguel Alaniz Ulloa, Enrique Leonel Velásquez y José Luis Gómez Suazo, subdirectores generales.
Como ejecutores materiales de las torturas en las cárceles del SPN se mencionan a los alcaides Roberto Clemente Guevara Gómez, director de Máxima Seguridad «la 300» y sus subordinados William Trujillo, subdirector; Ignacio Matus «El Gato», jefe de las requisas; y Byron Castro, jefe de investigación.
Además, el alcaide Denis Evelio Muñoz, director de Chinandega; alcaide Rodrigo García, director de Granada; alcaide Darling Morales Duarte, director de Waswalí y alcaide Janeth Pérez, exdirectora de la cárcel para mujeres La Esperanza.

Jueces, los verdugos contra presos políticos
El sistema judicial de Nicaragua ha sido convertido en una maquinaria de persecución, criminalización y fabricación de juicios contra los opositores. En toda la estructura judicial se identifican a magistrados del máximo tribunal, magistrados de Apelaciones y jueces.
Igualmente, se ha identificado una lista de fiscales que, desde el Ministerio Público, fabrican pruebas para encarcelar e inculpar a opositores
