El gobierno de Estados de Unidos dijo que fue una decisión unilateral de Daniel Ortega el liberar a 222 personas presas políticas cautivas en las diferentes cárceles de Nicaragua, acusados y condenados en su mayoría de delitos comunes, por conspiración a la patria o por propagación de noticias falsas.
«El 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua decidió unilateralmente liberar a 222 presos políticos de Nicaragua, incluido un ciudadano estadounidense», señala el comunicado de la Administración al Congreso, sin especificar el nombre del ciudadano norteamericano ni de ninguno de los rehenes de conciencia.
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La administración del presidente Joe Biden dio la bienvenida al país a los opositores y recalcó que continuará «priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos».
«Durante mucho tiempo hemos pedido la liberación de los presos políticos en Nicaragua como un primer paso hacia la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. La decisión del gobierno de Nicaragua es positiva y bienvenida», subrayó el gobierno estadounidense.
A su vez señaló que sigue firme en «alentar pasos adicionales por parte del Gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense».
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Estados Unidos resaltó que pese a estas liberaciones, continuará planteando «serias preocupaciones con respecto a las restricciones de los derechos y libertades políticas en Nicaragua».
Libertad de presos políticos fue decisión de Ortega
Por otra parte, la administración de Biden aclaró que la decisión fue propia del gobierno de Nicaragua, por lo que se descarta una negociación con la dictadura de Daniel Ortega.
«Estados Unidos facilitó su transporte y entrada a Estados Unidos y está brindando apoyo de emergencia relacionado, que incluye atención médica de emergencia y provisión de artículos de atención esenciales, y apoyo de emergencia a corto plazo a su llegada, incluidos los costos básicos de vida y seguimiento psicosocial, apoyo de emergencia», subraya el comunicado.
Michael Healy en la lista de desterrados
En cuanto a las personas liberadas, Estados Unidos adujo no poder comentar sobre los detalles, pero indicó que en la lista está incluido el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy.
«—Michael Healy es un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y nicaragüense y destacado empresario que fue arrestado el 21 de octubre de 2021 bajo la legislación nicaragüense, que convierte en ilegales las críticas públicas al régimen y a sus líderes. Estaba entre otras 40 personas arrestadas en el período previo a las elecciones nacionales de noviembre de 2021».
«El Sr. Healy fue condenado por cargos de “dañar la integridad nacional” el 29 de abril de 2022. Fue sentenciado a 13 años de prisión y se le prohibió ocupar cargos públicos en Nicaragua. En octubre de 2022, el Secretario determinó que el caso del Sr. Healy era una “detención injusta” de conformidad con la Ley Levinson», recordó.
Finalmente, el gobierno de Estados Unidos afirmó que se aseguró de que todas las personas dieran su consentimiento voluntario para viajar. «Estamos examinando y examinando a todas las personas que ingresan a los Estados Unidos a través del proceso de libertad condicional humanitaria».
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Por su parte, el régimen de Daniel Ortega, a través de una conferencia de prensa en los Juzgados de Managua, reconoció el destierro al que sometió a 222 personas presas políticas como una «deportación inmediata para el cumplimiento de sus sentencias».
«En conformidad con las leyes de la defensa a los derechos del pueblo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz. Los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas», leyó el orteguista Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Además, la Asamblea Nacional, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de la República para despojar de la nacionalidad nicaragüense a los presos y presas políticas que fueron desterrados.
