Daniel Ortega y Rosario Murillo llegan al ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, con 19 presas políticas a las que somete a unos 40 tipos de torturas en sus cárceles. La mayoría de ellas están confinadas en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), en Tipitapa, en unas celdas similares a las que construyeron en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), según un recuento proporcionado por el Monitoreo Azul y Blanco.
De ese total de 19 mujeres detenidas 16 casos son públicos y tres permanecen en anonimato, por el temor de las familias a sufrir represalias por parte de la dictadura nicaragüense. Al menos 11 detenidas están recluidas en celdas de aislamiento o castigo, lo que resalta la crueldad del gobierno hacia las mujeres, destaca un informe de diciembre de 2023 del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
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Las mujeres son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de la dictadura, según denuncias de organismos de derechos humanos. No reciben atención médica ni permiten que sus familiares les proporcionen la medicina para tratar sus padecimientos.
La justicia orteguista ha condenado a 16 de las 19 presas políticas y tres casos siguen en proceso. La mayoría fueron acusadas por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. A cuatro mujeres les imputaron el cargo de tráfico de estupefacientes.
Las audiencias se realizaron de forma virtual, no les permitieron elegir a un abogado defensor, sino que la dictadura les asignó uno de oficio. Sus procesos judiciales, desde la detención, estuvieron plagados de irregularidades. Estas son los casos de las 16 presas políticas que sus familias ha decidido hacer públicos:
Adela Espinoza
Adela Elizabeth Espinoza Tercero tiene 27 años. Era estudiante de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), fue capturada el 19 de agosto de 2023. Está recluida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) en Tipitapa, Managua. Fue condenada en noviembre de 2023 por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Gabriela Morales
Gabriela Morales López, de 31 años, también fue detenida el 19 de agosto de 2023. Era estudiante de la cancelada Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Iglesia católica. Guarda prisión en el EPIM. En noviembre de 2023 la justicia orteguista la condenó por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Joseling Campos
Joseling Campos Silva tiene 29 años, es activista y feminista, fue capturada el 21 de agosto de 2023 en su casa de habitación en Veracruz. Era estudiante de III año de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Fue condenaron por los delitos de tráfico de estupefacientes y menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Alba Martínez
Alba Paola Martínez Lira, de 34 años, fue detenida el 11 de octubre de 2023 en La Trinidad, Estelí. La señalaron de supuestamente administrar una página en redes sociales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La acusaron y condenaron a ocho años de cárcel por los puestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Nelly López
Nelly Griselda López, 42 años, oriunda del barrio indígena de Monimbó, en Masaya. Está presa desde el 16 de abril de 2023, es tía de Erick Antonio Jiménez, una de las víctimas de la «operación limpieza». La mujer es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA). Se conoció que fue condenada por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
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Melba Hernández
Melba Damaris Hernández, de 54 años, es socióloga y activista. Está recluida en las celdas del EPIM, conocido como «La Esperanza», en Tipitapa. Fue detenida el 28 de agosto de 2023 y su caso aún está en proceso. Es acusada por los supuestos delitos de Tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
Nancy Henríquez
Nancy Henríquez James, de 61 años, es diputada suplente del partido indígena Yatama de la Costa Caribe. Fue capturada el primero de octubre de 2023. La justicia de la dictadura la condenó por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Martha Rivas
Martha Candelaria Rivas, 44 años. Está recluida en el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como «La Granja». La condenaron a cinco años de prisión por el supuesto delito de falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia. Ella supuestamente fue víctima de violencia por parte del sacerdote Manuel García Rodríguez. El presbítero fue desterrado a El Vaticano mientras ella sigue encarcelada.
Olesia Muñoz
Olesia Muñoz Pavón, de 52 años, es oriunda de Niquinohomo, Masaya. Es la segunda vez que padece cárcel a manos de la dictadura orteguista. Fue secuestrada el seis de abril de 2023 y condenada a 10 años de prisión por los supuestos delitos de menoscabo y propagación de noticias falsas. Organizaciones han denunciado que está enferma y necesita atención médica. Muñoz era conocida por cantar en la parroquia de Santa Ana donde también enseñaba piano. Está presa en el EPIM.
Martha Centeno
Martha Lorena Centeno Marín, de 49 años, fue detenida el 19 de abril de 2023. Testimonio de su familiares señalan que la mujer era activista y defendía la libertad religiosa religiosa y la libertad de expresión. Además, habría demandado la liberación del entonces rehén de conciencia monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Evelyn Guillén
Evelyn Susana Guillén, de 52 años, fue detenida con su pareja el cinco de agosto de 2023 en Managua durante las festividades de Santo Domingo de Guzmán, supuestamente habrían mostrado un cartel donde pedían la libertad de monseñor Rolando Álvarez Lagos. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció en octubre pasado que las autoridades del EPIM no le permiten el ingreso de la medicina y sufre «grave deterioro en la salud mental». Su caso está en proceso y la señalan de ciberdelitos y traición a la patria.
Mariví Andino
Mariví Elieth Andino Ramírez, de 39 años, fue apresada el 21 de mayo de 2023. Tras su detención, dejó en el desamparo a sus tres hijos menores de edad. La extrabajadora de Cáritas fue condenada a seis años de prisión pos supuesto lavado de dinero, un caso judicial que la dictadura le imputó a la organización benéfica de la Iglesia católica.
María Herrera
María Verónica Herrera Galeano, de 46 años, fue aprehendida el 23 de mayo de 2023. Laboró en Cáritas Diocesanas hasta su cierre y fue señalada de lavado de dinero por la dictadura de Ortega. El arresto de la mujer se produjo en medio de una intensificación de la represión contra la Iglesia católica en Nicaragua. La fue impuesta una condena de seis años de prisión.
Jacqueline Rodríguez
Jacqueline de Jesus Rodríguez Herrera, de 35 años, está en la cárcel desde el 22 de abril de 2023. Se desempeñaba como contadora pública. Fue detenida junto a su esposo y ella se encuentra recluida en el EPIM, en Tipitapa. Su caso está en proceso y se desconocen los delitos que le imputa la Fiscalía orteguista.
Anielka García
Anielka Lucía García Zapata, de 27 años, fue detenida el cuatro de abril de 2023 en Chichigalpa, Chinandega por publicar una foto donde aparecía con una camiseta alusiva a la rebelión de abril que había diseñado en su negocio. La joven es propietaria de la empresa Think Marketing, confiscada por la dictadura. Estudió Marketing y Publicidad en la UNAN-Managua y fundó su emprendimiento de serigrafía.
Es madre de dos niños y está recluida en la cárcel de mujeres en Managua. Fue acusada y condenada a ocho años de presidio por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Brenda Lee Baldelomar
Brenda Lee Baldelomar Alemán, de 48 años, fue detenida el 17 de abril de 2023 en Chinandega. En 2018 se sumó a las protestas cívicas y usaba sus redes sociales como trinchera para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses cometidas por la dictadura sandinista. En su departamento fue miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero se retiró por diferencias con los dirigentes. Sufrió asedio policial y de paramilitares. Está recluida en la cárcel de mujeres en Managua.
