La Pastoral de Migrantes de la Parroquia San Isidro Labrador, en Vázquez de Coronado, San José, Costa Rica, realizará un «Viacrucis por Nicaragua» en el tiempo de Cuaresma, según una invitación compartida en su cuenta de X por el líder campesino y desterrado político Medardo Mairena.
El documento oficial del templo católico es una invitación para una conferencia de prensa el próximo lunes, 11 de marzo, a las 10:30 am en el interior de la parroquia. En dicho evento se darán los detalles del día, hora y forma de participar en el Viacrucis por Nicaragua.
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En dicha parroquia es sacerdote residente el padre Uriel Antonio Vallejos, uno de los religiosos perseguidos y a los que les fue arrebatada su nacionalidad nicaragüense por el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
Este «Viacrucis por Nicaragua», que organiza la Parroquia San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado, llega en uno los momentos más tensos en las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense. La institución religiosa y su clero es víctima de la guerra declarada al catolicismo en el país centroamericano.
En febrero del año pasado la dictadura prohibió la realización de cualquier actividad religiosa fuera de los templos, incluidos los tradicionales Viacrucis de Semana Santa. Los sacerdotes han optado por realizar sus eventos en el interior de las iglesias para evitar la represión policial.
Ortega ha confiscado, desterrado y arrebatado la nacionalidad a más de una veintena de sacerdotes, seminaristas y obispos de la Iglesia nicaragüense. En su escalada represiva dejó a dos diócesis sin sus pastores: el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, fueron desterrados a El Vaticano.
A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 el régimen emprendió una ofensiva despiadada contra la Iglesia, sacerdotes y toda persona que muestre su apoyo a la institución religiosa. Ortega y Murillo acusaron a los obispos de dirigir un «golpe de Estado» tras mediar un fallido diálogo nacional, a petición del mismo Gobierno.
En cinco año el gobierno sandinista ha ordenado la profanación de templos religiosos, el arresto de sacerdotes, la persecución contra el clero, vigilancia y espionaje permanente a los curas. Además, el cierre de ONG, colegios y universidades ligadas a la Iglesia católica.
Según el informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», de la abogada Martha Patricia Molina, desde 2018 la Iglesia ha sufrido más de 740 ataques por parte del aparato estatal. También 176 religiosos y religiosas han sido expulsados, se les ha negado la entrada al país o fueron desterrados, obligados por la dictadura a no ejercer su misión en Nicaragua.