El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) instó a que diferentes países demanden al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por cometer crímenes de «apatridia, tortura y ejecuciones extrajudiciales».
Durante una conferencia realizada este martes, cinco de marzo, la exfiscal colombiana e integrante del GHREN, Ángela Buitrago, expresó que «se siguen aumentando la violación de los derechos humanos y las consecuencias son innumerables». Por esa razón, el GHREN «hace un llamado urgente a que se activen todas las competencias de los países en el tema de ejercer acciones de carácter de responsabilidad estatal y penal, que lleve a las personas que han articulado, de una manera u otra, las órdenes que han significado la grave violación de derechos humanos».
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De acuerdo a Buitrago, esta medida es para que se cumplan «las obligaciones que se tiene de parte de Nicaragua con respecto a las convenciones», así como «apelar al concepto de bien jurídico internacional» y que así, «los países comprendan la necesidad de ejercer estas acciones ante la jurisdicción internacional».
«Tenemos que entender que, desde hace mucho tiempo, el haber influido estos delitos como importancia mundial o universal, genera la necesidad de que los países también ejerzan las acciones correspondientes», afirmó la colombiana.
De igual manera, la integrante del GHREN destacó que entre las recomendaciones plasmadas en los informes del GHREN se encuentran, precisamente, «ejercer esas acciones e instar a los países para denunciarlas».
Buitrago reiteró que «estos procesos de investigación no son fáciles». «Son procesos muy complejos en razón a dos cosas fundamentales: no tenemos acceso al terreno nicaragüense y estamos trabajando en muchos países. Eso significa que el grupo también tiene una realidad y esa es que somos un grupo pequeño de investigación», apuntó.
De igual manera, la funcionaria del GHREN explicó que, cuando el organismo humanitario realizó el segundo informe para actualizar la situación sociopolítica de Nicaragua, «se ha focalizado y ha priorizado a cuatro grupos de violación de derechos humanos, en particular, entendiendo que hay una espiral de aumento de violencia y una dinámica de diáspora, en el sentido de los métodos y las formas que se están utilizando para la realización de estas graves violaciones de derechos humanos».
Buitrago mencionó que los principales grupos afectados lo conforman «los universitarios, los campesinos, los indígenas afrodescendientes, la Iglesia católica y otras religiones que están involucradas en estas graves violaciones de derechos humanos».
«Desde ese punto de vista, el segundo informe va añadido con cuatro informes más, que se subirán a lo largo estos días y de estos meses a la página web. Estos informes tendrán una actualización para septiembre del 2024, en donde, obviamente, se tocarán otros temas relevantes que están incluidos en el contenido del informe, pero que se profundizarán y que se mostrarán de manera completa», aseguró la integrante del GHREN.
Apatridia, el delito que Ortega receta a sus opositores
Buitrago también enfatizó que desde 2022, la dictadura orteguista ha expulsado a «263 nicaragüenses y a 21 extranjeros sin el debido proceso». «Estas fueron Ilevadas a cabo tanto individual como colectivamente. Las personas fueron llevadas a la frontera o expulsadas por vía aérea directamente por las autoridades nicaragüenses», precisó la exfiscal durante la conferencia, realizada en Costa Rica.
El GHREN indicó que, el 9 de febrero del año pasado, «222 personas privadas de libertad por motivos políticos fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, la cual, además, los declaró traidores a la patria y los inhabilitó de forma absoluta para ejercer cargos públicos».
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Entre los nicaragüenses desterrados y apátridas figuran «exaspirantes a candidatos presidenciales, defensores de los derechos humanos, abogados, miembros de la Iglesia católica y del Movimiento Campesino, estudiantes, docentes, periodistas, escritores, empresarios, exmiembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y personas que ejercieron su derecho a la protestas y a la libertad de expresión», reportó el GHREN.
La colombiana destacó que «todas ellas tienen en común que son personas opositoras, o percibidas como tales, a la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo, que los consideran una amenaza al control del Estado».
Además de la expulsión de los 222 presos políticos, el GHREN identificó seis casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses (tres mujeres, tres niños y 34 hombres).
Dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad
El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la Organización de Naciones Unidad (ONU), identifica a una serie de funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo responsables de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los investigadores de la ONU consideran que la pareja dictatorial da órdenes e instrucciones a las diferentes instituciones para llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares.
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La pareja en el poder sería la principal responsable de los crímenes por ser la máxima autoridad de Nicaragua. A ella se suman el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, porque ha apoyado al régimen promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión.
Otras instituciones que también participan del andamiaje represivo de la dictadura, documentado por el Grupo de Expertos, son la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).