El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidad (ONU), identifica a una serie de funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, responsables de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los investigadores de la ONU consideran que la pareja dictatorial da órdenes e instrucciones a las diferentes instituciones para llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares.
Daniel Ortega y Rosario Murillo serían los principales responsables de los crímenes por ser las máximas autoridades de Nicaragua. A ellos se suman el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, porque ha apoyado al régimen promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión.
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Por la Corte Suprema de Justicia, bajo las órdenes de la pareja dictatorial, se añade al magistrado Marvin Aguilar, actual secretario político del FSLN en ese poder del Estado. Dicho cargo lo asumió tras la sorpresiva renuncia del exmagistrado desnacionalizado Rafael Solís, quien desertó del régimen en 2019.
A Solís se le menciona en el informe de haber sido por años secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Corte Suprema de Justicia y transmitía órdenes de la Presidencia al poder judicial hasta enero de 2019.
El GHREN detalla de manera exhaustiva las violaciones sistemáticas y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al respecto, diferentes opositores mostraron su conformidad con la entidad internacional, ya que puso «nombre y apellido a los delincuentes que creen que vivirán eternamente en la impunidad».
Por medio de su cuenta oficial de la red social X, el abogado Yader Morazán consideró que esta investigación «refleja que hay avance documentado en la individualización de las responsabilidades penales, identificación de la estructura y las cadenas de mando dentro de diversas instituciones, órganos y agencias del Estado».
Maradiaga, expresó, en sus redes sociales que el informe de la ONU destaca «la necesidad urgente de una respuesta internacional a la crisis de derechos humanos en Nicaragua» y que es «una contundente condena a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo».

«Este documento revela un aumento exponencial de las violaciones de derechos humanos durante el último año, situación que exige una respuesta internacional fuerte y decisiva», comentó el activista político, desnacionalizado y desterrado por la dictadura nicaragüense, en 2023.
Maradiaga advirtió que la represión en Nicaragua ha alcanzado «niveles alarmantes» y que el régimen de Ortega está decidido a silenciar «cualquier voz disidente o crítica». «La persecución se ha vuelto más sutil, pero no menos destructiva, afectando principalmente a estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas», denunció.
Durante la presentación del segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se informó que casi un millón de personas emigraron de Nicaragua en el periodo entre 2018 y junio de 2023.
La exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del GHREN, reveló que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) identificó «un movimiento migratorio de 935,065 personas que han abandonado Nicaragua». De esa cifra, Buitrago reportó «un poco más» de 874,641 solicitudes de asilo y 60,424 personas que «ya han obtenido el estatus de refugiado».
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Además, el dato de ACNUR señala que «el número de nicaragüenses que han huido del país, desde 2018, corresponde a, aproximadamente, uno de cada ocho nicaragüenses».
«Se ha tratado de documentar e investigar qué número de personas fueron obligadas a salir. También hemos mencionado en algunos aportes que hemos encontrado algunos casos en donde puede constituirse el tema de exilio forzado», indicó Buitrago.
De igual manera, la funcionaria del GHREN aseguró que están «profundizando» en los estudios para establecer cuáles son las causas que conducen a la movilidad y a la migración en la región. «Sin lugar a dudas, estamos haciendo un énfasis del tema de investigación de situaciones que puedan llevar a que una persona abandone el territorio y se traslade de manera forzada», afirmó.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN) Luis Andino Paiz como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante la República de Togo, un país ubicado en África Occidental.
Durante sus habituales anuncios en los medios oficialistas, la portavoz de la dictadura anunció el nuevo cargo ocupado por el funcionario sandinista, incluso antes de que este haya sido publicado en La Gaceta, Diario Oficial.
De igual manera, Murillo afirmó que Andino ejercerá su puesto en calidad de «concurrente» desde la embajada de Burkina Faso, donde también funge como representante de Nicaragua. La primera dama agregó que el simpatizante orteguista «va a presentar sus cartas de estilo y credenciales la próxima semana».