A pesar de la campaña de difamación que emprendió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica, la mayor parte de los nicaragüenses aún confían en la institución religiosa. De acuerdo con el reporte regional titulado «El Barómetro de las Américas de 2023», solo un 19 por ciento de los nicas entrevistados dijeron que «no creían para nada» en los jerarcas católicos.
De acuerdo con el estudio realizado por Latin American Public Opinion Project (LAPOP), el 60.9 por ciento de los nicaragüenses afirmó que confiaban en la Iglesia católica. De igual manera, los organizadores resaltaron que, por razones de seguridad, tuvieron que consultar al pueblo de Nicaragua por medio de llamadas telefónicas.
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En 2012, el Barómetro de las Américas registró el porcentaje más alto de nicaragüenses que confiaban en el clero católico, el cual fue de un 63 por ciento. Sin embargo, los años posteriores documentaron que la población comenzó a confiar menos en la Iglesia, ya que la percepción positiva de la institución disminuyó hasta un 57.1 por ciento en 2018. A pesar de ello, la estadística ha mejorado en los informes correspondientes a 2021 y 2023.
El economista y activista político nicaragüense Enrique Sáenz declaró en su cuenta de X que «a Ortega le salió el tiro por la culata». «En lugar de aplastar (la reputación de los dirigentes católicos), logró aumentar la credibilidad de la Iglesia», explicó el opositor en sus redes sociales.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arreciado su embestida contra el exmagistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, y padrino de bodas de la pareja en el poder, Rafael «Payo» Solís. De acuerdo con la información difundida por los medios de comunicación independientes, la Policía orteguista desalojó de su residencia de Villa Fontana, en Managua, a la madre del exfuncionario, Rafaela Cerda, de 93 años.
Las autoridades oficiales del régimen se presentaron al edificio con cuatro patrullas y le informaron a la anciana que, a partir de ese momento, su casa era «propiedad del Estado nicaragüense». Los oficiales le advirtieron que debía retirarse de inmediato y Cerda salió solo con la ropa que llevaba puesta. No le permitieron llevarse sus pertenencias ni sus medicamentos.
A inicios de esta semana, la Policía también llegó nuevamente a la casa de Aldo Rappaccioli Solís, hijo de Ana Isabel Solís y sobrino del exmagistrado orteguista, para confiscarle su propiedad. Sin embargo, una fuente indicó que ambos «se encuentran en un lugar seguro».

Además de confiscarle la propiedad a su madre, el pasado 26 de febrero, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron una propiedad perteneciente a Ana Isabel Solís, hermana de Rafael Solís, el funcionario que desertó de la dictadura sandinista en 2019.
Múltiples propietarios de los negocios ubicados en la Plaza Isabella, en Managua, abandonaron el centro comercial y se llevaron todas sus pertenencias. Una fuente, que vive cerca del lugar, explicó a Artículo 66 que los agentes gubernamentales «se presentaron en la plaza para tomar fotos de todos los módulos y medir todo el terreno». Debido a la presencia de los trabajadores estatales, los dueños de siete establecimientos decidieron «retirar todo su mobiliario».
El Consejo Supremo Electoral (CSE) inició el traslado de las maletas electorales para las votaciones regionales del Caribe nicaragüense, convocadas para este domingo, tres de marzo. Se pretende elegir a los miembros de los Consejos Regionales. Más de 400 mil costeños fueron llamados a las urnas.
En estas votaciones, el CSE habilitará 751 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 308 Centros de Votación (CV) y habrá 7 mil 510 fiscales de los partidos políticos que le harán comparsa al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El traslado del material electoral a la Costa Caribe lo realiza la Policía y el Ejército de Nicaragua en coordinación con el CSE. La presidenta del CSE, Brenda Rocha, junto al primer comisionado Francisco Díaz y el general de Ejército, Julio César Avilés, dieron el banderillazo para llevar el material a los CV. Los tres funcionarios están sancionados por Estados Unidos, por corruptos, por destruir la democracia y por violadores de derechos humanos.
El dictador de Rusia, Vladimir Putin, ejecuta un plan diseñado para socavar la democracia y la estabilidad sociopolítica en América Latina, apoyando abiertamente a las dictaduras de la región, y para ello utiliza al régimen de Daniel Ortega, advirtió el politólogo y líder opositor Félix Maradiaga, tras analizar las recientes declaraciones del secretario de seguridad ruso, Nikolai Patrushev, de visita en Nicaragua.

Patrushev, uno de los colaboradores más cercanos de Putin, arribó a Nicaragua en visita oficial la madrugada del 27 de febrero, acompañado de una «numerosa delegación», según informó el medio de propaganda oficialista El 19 Digital.
Entre sus primeras declaraciones el general ruso prometió apoyar a los países latinoamericanos contra lo que él describe como «intentos de Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos» y especificó que ese apoyo estaría dirigido principalmente hacia Nicaragua, Cuba, Bolivia y Venezuela.
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Para Maradiaga, esta confirmación del secretario de seguridad ruso plantea serias preocupaciones para la democracia y la estabilidad regional, porque «reflejan la política de Rusia, de desafiar el derecho internacional para promover los intereses de Putin y revelan la estrecha relación entre los regímenes autoritarios de Putin y Ortega».
El politólogo y exreo político desterrado por la dictadura advierte que la mención específica de Nicaragua en las declaraciones de Patrushev sugiere que Putin sostiene un «esfuerzo concertado» para fortalecer su influencia en América Latina y para ello apoya a regímenes autoritarios que comparten su hostilidad hacia las políticas occidentales.