La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó a la comunidad internacional que en Nicaragua existe «ausencia de condiciones para la realización de elecciones regionales libres, justas y competitivas». Las votaciones del Caribe están programadas para el próximo domingo, tres de marzo.
El organismo explica que el país está sumido en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
En estas votaciones, el Consejo Supremo Electoral (CSE) habilitará 751 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 308 Centros de Votación (CV) y habrá 7 mil 510 fiscales de los partidos políticos que le harán comparsa al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Se pretende elegir a 90 miembros de los Consejos Regionales, 45 por el Caribe Sur y 45 por el Caribe Norte.
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La CIDH señala que el régimen ha emprendido una «estrategia represiva» para enviar un «mensaje de control y temor» contra los movimientos indígenas opositores para «limitar su participación de cara a las elecciones regionales».
La estrategia de Ortega y Murillo incluye la cancelación de la personalidad jurídica del partido indígena Yatama y la confiscación de sus oficinas; el cierre y asalto de radios comunitarios; el encarcelamiento de los parlamentarios Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez; los ataques e invasión de colonos y la persecución a líderes y lideresas de la zona.
«Este conjunto de acciones atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica, coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica, y busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente», resalta el organismo continental.
La CIDH considera que la falta de condiciones para la celebración de elecciones libres implicaría un retroceso importante en los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Además, instó al Estado de Nicaragua a adoptar todas las medidas necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales, para garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan participar, en condiciones de igualdad, tanto en las elecciones como en la toma de decisiones.
El órgano urge al Gobierno de Nicaragua a informar «de inmediato» sobre el paradero de Brooklyn Rivera, en cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte-IDH.