Con el objetivo de regular la oleada masiva de migración ilegal, Estados Unidos amplió la restricción de visas a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que facilitan el tránsito de migrantes hacia el país norteamericano.
De acuerdo con las declaraciones de Emily Mendrala, Subsecretaria Adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante una conferencia virtual, el enfoque principal de las sanciones se dirige hacia los traficantes, quienes se aprovechan y abusan de los migrantes. «Viven a expensas de personas en búsqueda de seguridad. Nadie debe beneficiarse a costa de migrantes vulnerables», declaró.
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La funcionaria estadounidense declaró que las sanciones de visas «traerán consecuencias a los actores que faciliten o motiven la migración irregular». Mendrala aseguró que «la administración de Joe Biden (presidente de los Estados Unidos) tiene el compromiso de trabajar en conjunto como una región para enfrentar esta problemática, utilizando las herramientas que tenemos».
«Nosotros hemos expandido las vías legales para proteger a quienes lo necesitan, en la región y en todo el mundo. En América Latina, hemos aumentado las oportunidades para la gente que busca la reunificación familiar y que necesitan protección bajo el programa de admisión de refugiados», reiteró Mendrala.
Siempre optar por una vía legal
Por su parte, Blas Núñez-Nieto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló que el gobierno norteamericano seguirá implementando «consecuencias serias» en la frontera para aquellos migrantes que ingresan a la nación norteamericana de forma no autorizada.
«Para las personas que quieran venir a los Estados Unidos, si cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetas a consecuencias. Les pedimos que no lo hagan y que, en su lugar, utilicen los canales y vías legales que hemos puesto para las personas, sin tener que recurrir al crimen organizado o a los ‘coyotes’», advirtió.
Núñez-Nieto recordó que entre los métodos legales para viajar a territorio estadounidense se encuentran los programas de Parole Humanitario, disponibles para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ha facilitado la entrada de más de 357,000 ciudadanos de estos países directamente a los Estados Unidos, «garantizando un proceso seguro y ordenado».
«Seguimos muy comprometidos en brindar canales legales para los migrantes, pero también estas nuevas acciones demuestran que estamos muy comprometidos en imponer consecuencias a las personas que cruzan de manera ilegal, así como también para el crimen organizado y los’ coyotes’ que explotan esos migrantes por su ganancias», manifestó el Subsecretario Adjunto.
Aunque los funcionarios dijeron que no podían revelar datos específicos de qué personas y organizaciones fueron sancionadas, debido a su política de «confidencialidad», afirmaron que harán «comunicados públicos después de hacer algunas revocaciones»
Sanciones para los traficantes de Migrantes
Las primeras sanciones fueron impuestas en noviembre de 2023, tras una investigación de Artículo 66 que reveló la llegada sospechosa de una cantidad inusual de viajes procedentes de Haití, Cuba y otros países del Caribe.
«El Departamento de Estado implementa hoy una nueva política sobre restricción de visas conforme al artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) que tiene como objetivo a los propietarios, ejecutivos, altos funcionarios de compañías de vuelos chárter, transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados a ser usados principalmente por personas que tienen la intención de migrar de manera irregular a Estados Unidos. Esta nueva política amplía y reemplaza la política 3C sobre Nicaragua relativa a vuelos chárter que se emitió en noviembre de 2023», dice el comunicado difundido por las autoridades estadounidenses.
Aproximadamente más de 36 mil personas de estos países vinieron en vuelos desde su nación al aeropuerto Augusto C. Sandino. La mayoría de vuelos eran de las aerolíneas Sunrise Airways S.A., InterCaribbean Airways y Sky High Aviation Services, la mayoría registradas en los países de donde venían los migrantes.
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La dictadura de Ortega y Murillo se aprovechó de la crisis migratoria en estos países para ofrecer vuelos privados o chárter a sus ciudadanos, en los cuales llegaban al aeropuerto de Managua para posteriormente irse en taxi hasta la frontera con Honduras.
Se estima que este negocio ya generó más de 7 millones de dólares para la dictadura, según datos de varias organizaciones que monitorean las estadísticas migratorias.
