El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda está a la espera de su deportación desde una cárcel de Costa Rica, ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo «pidió» al Gobierno de ese país por presuntos cargos de «asesinato y asalto». De acuerdo con su abogado Daguer Hernández, «el nicaragüense solicitó en múltiples ocasiones asilo territorial, aunque siempre fue negado por la administración del presidente Chaves».
A finales de agosto de 2023, un Tribunal de Apelaciones de Costa Rica aprobó la extradición de dos nicaragüenses que estaban en territorio tico. Según la argumentación del Gobierno orteguista, Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) estuvieron involucrados «en el asesinato de una agente policial y un civil, por lo tanto, debían de ser enjuiciados».
Debido al fallo del tribunal, el pasado 19 de febrero de 2024, la dictadura sandinista «recibió» a Pérez Centeno, quien fue expuesto en los distintos medios oficialistas. Sin embargo, fue notorio que Picado no fue «entregado» a Nicaragua junto al otro opositor.
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El abogado de ambos nicaragüenses le explicó al medio de comunicación DIARIO EXTRA que «Picado no ha sido deportado porque lograron gestionar una nueva solicitud de refugio por nuevos hechos». Sin embargo, declaró que esta petición fue negada, al igual que los intentos anteriores.
Según el jurista, el 15 de octubre de 2019, el nicaragüense intentó por primera vez realizar el proceso para pedir asilo al Gobierno de Costa Rica, pero su solicitud fue negada. El mismo destino sufrió una petición del primero de agosto de 2023, la cual fue realizada en conjunto con una organización de derechos humanos de origen canadiense.
Actualmente, Picado está detenido dentro del centro penitenciario conocido como la «Cárcel del Virilla», San Rafael, Costa Rica. En una resolución del Alto Tribunal de Costa Rica del 17 de febrero, el Estado tico declaró que «no se ha conocido ni se ha indicado algo al respecto que el tutelado (Picado Miranda), si es extraditado a Nicaragua, puede ser sometido a tortura». Gracias a su proceso como solicitante de refugio, su extradición tardará un poco más, sin embargo, la solicitud del Estado de Nicaragua sigue en pie.
Un crimen impuesto
El primero de octubre de 2022, ocurrió un asalto en Río San Juan, municipio limítrofe a Costa Rica, el cual dejó a una agente policial y un civil como víctimas fatales. Además, son vinculados con robo con intimidación y asesinato a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, en el Municipio El Castillo. La Policía de Daniel Ortega inculpó por este hecho a distintos nicaragüenses, incluyendo a Picado Miranda y a Pérez Centeno.
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Los dos hombres fueron detenidos por la Policía Internacional (Interpol) a petición de la dictadura de Ortega y Murillo en 2022. Después de varios intentos de evitar la extradición, Pérez fue entregado por las autoridades costarricenses a las nicaragüenses en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.