Diferentes organizaciones cívicas y defensoras de derechos humanos denunciaron ante la comunidad internacional la «nueva farsa electoral» que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desarrolla, con el respaldo de las fuerzas armadas y todo su aparato institucional, en los preparativos de las elecciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua, programadas para el próximo 3 de marzo.
Según un comunicado difundido por las agrupaciones humanitarias, el proceso de las elecciones regionales «está plagado de violaciones a los derechos políticos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de toda la población del Caribe, debido a la eliminación de garantías y libertades democráticas».
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Los opositores aseguran que el «circo electoral» se realiza en un contexto de «violencia sistemática por la invasión a las tierras ancestrales, cierre de los espacios cívicos, intimidación, encarcelamiento, represión, persecución, criminalización y desaparición forzada de dirigentes políticos».
De igual manera, las organizaciones manifestaron que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene el «control absoluto sobre el sistema electoral, donde se incluye el padrón electoral, la cedulación y cada una de las juntas receptoras de votos».
La nota de prensa destaca que este es el segundo proceso electoral regional, desde el inicio de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua, «sin condiciones y en total ventaja para la dictadura». «Estas elecciones serán las primeras en donde abiertamente los Ortega-Murillo eliminaron por completo la participación y representación de las comunidades indígenas del Caribe, mientras promueve la apropiación de los recursos naturales y el despojo de sus tierras ancestrales», denunciaron los organismos.
Los diversos grupos cívicos indicaron que en estas elecciones regionales destaca la represión, persecución y criminalización de Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), el partido político regional «de mayor trayectoria, representación y legitimidad en Nicaragua».
«La detención arbitraria a sus miembros y representantes legales se suma a la cancelación de personalidad jurídica de los partidos nacionales, que encabezaban la oposición en 2021, y la desaparición forzada del líder y diputado indígena Brooklyn Rivera», agrega el informe.
Igualmente, las organizaciones señalan que los «ingentes» problemas electorales y «de profunda falta de credibilidad» que padece el órgano electoral se «agravaron» desde que Ortega asumió el poder en 2007. «Consecuentemente, esta es otra elección fachada, ilegal, ilegítima y una farsa más, bajo la dictadura criminal de los Ortega-Murillo para retener el poder por la fuerza».
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«Coincidimos al reconocer que las elecciones no democráticas son aquellas que obstaculizan, enturbian y tuercen la voluntad soberana de la ciudadanía. Por lo que instamos a la comunidad internacional a desconocer las elecciones regionales en Nicaragua y exigir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Costa Caribe», sostiene el comunicado.
Entre las organizaciones que firmaron la nota se encuentran la Plataforma de Unidad para la Democracia (PUDE), la Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA), la Diáspora Global Nicaragüense (DGN) y otras veintisiete agrupaciones cívicas más.
