Desde 2014, el régimen de Daniel Ortega ha «desmembrado» las pensiones de los nicaragüenses que cotizaron en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) durante su tiempo como trabajadores. Según la historiadora y activista política Dora María Téllez, los nicaragüenses pensionados «tienen que decidir si van a comprar comida o sus medicamentos» debido a la reducción en los pagos.
En un video publicado en su cuenta de YouTube, la opositora del régimen Ortega-Murillo comentó que «en Nicaragua hay más de 330 mil jubilados y pensionados». Sin embargo, aquellos que dejaron de trabajar por vejez a partir de 2014 han visto disminuida su pensión en grandes porcentajes.
A inicios de ese año, el Estado implementó una reforma al cálculo de las pensiones, en la que redujeron en un 40% el pago que los trabajadores iban a recibir en su retiro. «Una persona que iba a recibir cinco mil córdobas antes de 2014, solo recibió tres mil después de ese año», denunció la opositora. Además, el Estado volvió a reformular el cálculo de las pensiones en 2019, lo que redujo aún más el pago.
De igual manera, desde finales de 2023, los jubilados han visto sus pensiones «congeladas», es decir, el valor del subsidio que reciben será igual a pesar de la inflación que afecta la comida, servicios básicos, objetos esenciales u otros. Por lo tanto, su capacidad para mantenerse en un país en el que todos los días los insumos básicos suben de precio se ha visto limitada.
Por otro lado, Téllez denunció que los nicas jubilados «no están recibiendo su medicación completa», a pesar de tener condiciones crónicas como la diabetes, hipertensión o problemas cardiacos. Según la opositora, algunos pensionados «solo han recibido una parte del medicamento», mientras que el resto de fármacos tienen que ser cotizados por ellos mismos. «Tienen que pagarlo de lo que reciben de la pensión, lo que los deja en la encrucijada de si comprar medicinas o comprar comida», resaltó la opositora.
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Por último, la historiadora destacó que muchos centros hospitalarios dedicados a la atención de estos pacientes «no cuentan con el personal necesario para servir a esta parte de la población». «Por ejemplo, en el Hospital Militar solo hay un neurólogo, por lo que los pensionados pueden recibir la próxima cita hasta después de nueve meses, tiempo en el cual enfermedades como un tumor pueden acabar con la vida de una persona», denunció.
La reciente crisis del INSS
La crisis en la que Ortega ha metido al INSS no es nueva. En diciembre del 2020, el Gobierno tuvo que utilizar 2 mil 084 millones de córdobas de un préstamo adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar al INSS, que no tenía fondos para garantizar sus gastos, pago de las pensiones a los jubilados y sus beneficios.
El INSS está en una severa crisis, y hasta ahora el Gobierno no se pronuncia. En 2018, el Estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó implementar medidas unilaterales para solventar la crisis de la institución, sin embargo, esas medidas solo encendieron la chispa de las protestas sociales de abril de 2018, que fueron sofocadas por el dictador a sangre y fuego y que se saldaron con 355 asesinados (según datos de la Comisión Interamericana de hechos Humanos, CIDH), miles de heridos y más de 200 mil exiliados.
