La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su «cacería» en contra de las pocas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que quedan en Nicaragua. Este 16 de febrero de 2024, el Ministerio del Interior ordenó el cierre de ocho oenegés y autorizó la «disolución voluntaria» de otras dos organizaciones.
A través del Acuerdo Ministerial No. 08-2024-OSFL divulgado en La Gaceta, Diario Oficial; el Estado de Nicaragua acordó cerrar distintas organizaciones debido a que «incumplieron con sus obligaciones ante la ley y ante la Dirección General de Registro de Organismos Sin Fines de Lucro». Entre las organizaciones cerradas por el Estado están la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (UCSER) y la histórica Asociación de Scouts de Nicaragua.
En primer lugar, la UCSER era una «nueva universidad», ya que su personalidad jurídica fue aprobada el 21 de marzo de 2022. Sin embargo, a menos de dos años de su legalización, el Ministerio del Interior decidió detener su funcionamiento después de «incumplir los procedimientos establecidos en la ley». De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial, la universidad «abrió sedes en Jinotega y Masaya a pesar de no estar autorizada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU)».
Noticia relacionada: Ministerio del Interior cierra Redcamif y 14 ONG más
Además, la dictadura sandinista acusó al centro de educación superior de «no contar con una infraestructura adecuada para impartir su oferta académica y de tener inconsistencias en la distribución de horas en las modalidades presencial y semipresencial». Por último, el régimen aduce que la universidad obstaculizó el control y vigilancia de los entes reguladores, así como «no promovió las políticas de transparencia».
Por otro lado, la Asociación de Scouts de Nicaragua recibió su personalidad jurídica en 1979, sin embargo, funcionó en Nicaragua desde 1942. A pesar de ello, el Estado nicaragüense canceló la organización debido a que supuestamente «incumplió con la entrega de sus reportes financieros y tenía su Junta Directiva vencida».
Bajo los mismos argumentos, el Ministerio del Interior cerró la Asociación Fraternidad Misioneras del Fiat de María, Asociación Ministerio “Rey David” (AMIRD), Club Rotario de León y la Asociación de Iglesia Evangélica Luz en la Integración Social (AIELIS).
De igual manera, fueron clausuradas la Fundación Profesora Ana Fernanda García Centro de Atención y Recreación para Adolescentes de Sutiaba (FAFG-CARAS) y la Asociación Iglesia de la Doctrina Viva de Jesucristo Sala de Luz y Verdad. Los bienes inmuebles de estas ocho organizaciones serán puestos a nombre del Estado después de pasar por la Procuraduría General de la República.
Por último, en el Acuerdo Ministerial No. 09-2024-OSFL, el Estado aprobó la disolución voluntaria de la Fundación Centroamericana de Radionica y Radiestesia en la Medicina Integrativa (FUNDACIÓN RADIONICA) y la Asociación de Ejecutivo de Recursos Humanos de Nicaragua (AERHNIC). En el decreto publicado en La Gaceta no fue detallado el destino de los bienes inmuebles de estas organizaciones.
Más de 3,390 organizaciones canceladas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la persistencia de campañas de desprestigio y estigmatización proferidas por parte de las más altas autoridades estatales, en contra las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, como medios de comunicación independientes, religiosos, personas defensoras de derechos humanos y otros activistas, con el fin de deslegitimar sus labores y asociarles con actividades delictivas.
«Se observó que, de las 3.390 organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos», denunció la CIDH.
Noticia relacionada: Dictadura de Nicaragua cancela el Club Social de Obreros, una oenegé que «no existía jurídicamente»
Este cierre masivo de organizaciones, según las investigaciones del organismo internacional, tendría «graves impactos para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales, humanitarios y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indígenas o afrodescendientes».