Un artículo de opinión publicado el pasado 9 de febrero en La Prensa de Panamá develó la percepción que algunos conocedores de la historia tienen sobre el posible desenlace del asilo otorgado por la dictadura de Nicaragua al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción.
En el artículo, el periodista Rolando Rodríguez dijo que la decisión de Martinelli al buscar asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá «era el equivalente a meterse en una jaula por un indeterminado periodo de tiempo».
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Daniel Ortega, el dictador acostumbrado a alojar a delincuentes prófugos de la justicia en Nicaragua, debió leer la historia antes de pensar que otorgar asilo a Martinelli, iba a librar a este del encierro. La historia de asilos y refugios en embajadas y sedes diplomáticas en América Latina es tan antigua como compleja y no todos los que logran ingresar a una sede diplomática tienen un «final feliz».
Desde casos emblemáticos como el del exgeneral, también panameño, Manuel Antonio Noriega, hasta figuras contemporáneas como Julian Assange y Manuel Zelaya, estas situaciones han sido marcadas por estrategias políticas, tácticas psicológicas y, en muchos casos, prolongadas estadías en territorio diplomático.
El caso Noriega en la Nunciatura Apostólica
En diciembre de 1989, el exgeneral panameño Noriega, acobardado por la invasión estadounidense que lo derrocó, buscó refugio en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede de Panamá.
Diez días después, se rindió y se entregó a las fuerzas estadounidenses, poniendo fin a la invasión de Panamá y a la fallida estrategia de buscar asilo en la sede diplomática para escapar de su destino. Antes de su rendición, Noriega se enfrentó a «tácticas de guerra» psicológica, como música ensordecedora de rock para persuadirlo y que se entregara.
Luego, Noriega fue detenido y enjuiciado en Estados Unidos por tráfico de drogas, purgando condenas internacionales y años después murió fuera del poder, sin pena ni gloria.
Julian Assange: 7 años de encierro en una embajada
El hacker australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se asiló en la embajada ecuatoriana en Londres, en agosto de 2012, para evitar su arresto por una orden de captura por supuestos abusos sexuales.
Su temor principal era ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos de espionaje por la filtración de cables diplomáticos y documentos de Seguridad Nacional. Pasó siete años encerrado en la sede diplomática y aunque el régimen izquierdista de Ecuador le otorgó asilo diplomático, su estatus fue retirado en 2019.
Desde entonces Assange fue arrestado en el Reino Unido y tiene pendiente una posible extradición a Estados Unidos.
Manuel Zelaya y sus meses en la embajada de Brasil
A este expresidente, que quería permanecer en el poder más tiempo de lo que la ley le permitía, su asilo en embajada tampoco le resultó. Zelaya quiso prolongar su estadía en la presidencia de Honduras mediante una «urna extra» que le permitiera reelegirse.
El golpe de Estado, aplicado en junio de 2009 por los militares hondureños para evitar que Zelaya alineara al país a las dictaduras del emergente chavismo de Venezuela, llevó al expresidente a acciones audaces como regresar desde Nicaragua a Honduras y buscar el asilo en la embajada de Brasil para que le permitieran regresar al poder.
Su plan era que el pueblo, al enterarse de su regreso, saliera a las calles a pedir su retorno al poder y recuperar la presidencia. A diferencia del caso Martinelli, Zelaya no buscaba abandonar el país, sino regresar. Su estancia en la embajada brasileña se prolongó desde septiembre de 2009 hasta enero de 2010, cuando pudo salir de la embajada al aeropuerto, gracias a la mediación del presidente entrante, Porfirio Lobo.
Historia del asilo diplomático en América Latina
Los casos como el de Martinelli, que busca impunidad ante una condena por corrupción y salvando las distancias, han sido una constante en América Latina desde el siglo XIX.
La tradición de solicitar asilo en embajadas de América Latina se remonta a 1889 con el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo. Convenciones posteriores, como la de La Habana (1928) y Montevideo (1933), sentaron las bases para el asilo diplomático en países y sedes internacionales.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del político socialdemócrata peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien se refugió en la embajada colombiana en Lima, en 1949.
Perseguido por la dictadura de Manuel Odría, la reclusión diplomática de Haya de la Torre duró cinco años. En 1954, la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas reflejó la experiencia latinoamericana, especialmente el caso «Haya de la Torre», llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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El gobierno de Colombia le concedió asilo diplomático al opositor peruano en su embajada en Lima y por más de dos años intentó negociar, sin éxito, la concesión de un salvoconducto otorgado por Perú, para sacarlo del país y llevarlo a Bogotá.
Pero, el Estado peruano se negó y Colombia decidió llevar el caso ante la jurisdicción de la CIJ. Dos años más tarde, el organismo legal estimó que la decisión de Colombia no era conforme al derecho en el que supuestamente se ampara, ya que no estaba demostrado que hubiera un derecho universal al asilo diplomático y no podía obligar a Perú a que le concediera el salvoconducto.
Sin embargo, en uso de sus típicas sutilezas en el lenguaje, la CIJ prosiguió la sentencia explicando que Colombia no tenía la obligación de restituir a Haya de la Torre a Perú e indicó que lo correcto, sería alcanzar una solución concordada entre las partes vía negociación.
Por Voces Unidas.