Daniel Ortega se reeligió para un cuarto periodo consecutivo en la Presidencia de Nicaragua el siete de noviembre de 2021. A todos sus posibles competidores los mandó a encarcelar, siete en total.
También ordenó el arresto de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y activistas. Entre esas activistas estaba Samantha Jirón, la presa política más joven de la dictadura de Managua.
Dos días habían pasado desde que Ortega selló un nuevo quinquenio en el poder cuando Jirón fue apresada. Era el nueve de noviembre de 2021. La joven viajaba en un vehículo a eso de la una tarde. Salía de un hotel capitalino.
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El automotor fue interceptado por un grupo de paramilitares que la secuestraron y la llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). En la cárcel sufrió malos tratos, tortura psicológica, aislamiento, acoso y amenazas.
Fue acusada y declarada culpable por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y por cargos de conformidad con la Ley de Ciberdelitos. La sentenciaron a ocho años de cárcel y a pagar 30 mil córdobas de multa.
La opositora estuvo recluida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) conocido como «La Esperanza», en el municipio de Tipitapa, en Managua, fue sometida a tratos diferentes a los de las demás encarceladas, pues le prohibieron salir al patio del penal y tampoco tenía autorización para escuchar noticias a través de la radio.
Fue desterrada y desnacionalizada hace un año, el nueve de febrero de 2023 junto a otros 221 presos políticos de la dictadura de Ortega y Murillo. Estados Unidos dispuso de casi un millón de dólares para trasladar de Managua a Washington a los rehenes del régimen.
Una dictadura la obligó a dos exilios
En el país norteamericano ha tenido varios trabajos. Laboró en el área de cocina de una empresa en un aeropuerto; como operaria de limpieza en unos edificios y actualmente aplicó en una compañía tecnológica donde se fabrican memorias para Facebook y Tesla.
Jirón aún no ha logrado la reunificación familiar, tan ansiada por las personas desterradas, desnacionalizadas y confiscadas por la dictadura Ortega Murillo. La joven asegura que existe una serie de factores que han impedido que vuelva a abrazar a sus seres queridos que están en Nicaragua.
Este es el segundo exilio que la activista vive en su corta vida. Durante la crisis de 2018 se tuvo que refugiar en Costa Rica, el mismo destino de miles de nicaragüenses que huyeron de la represión estatal de la dictadura.
«Empezar de cero implica demasiado. Hay un desgaste emocional increíble. Para mí no es la primera vez que tuve que empezar de cero, un país, sin personas que conozco, sin familia. Esto lo viví en Costa Rica y ahora lo estoy viviendo aquí en Estados Unidos», señaló.
«Siempre, aunque vos ya hayas sido migrante, es difícil. Es difícil conseguir un trabajo, adaptarte a una cultura. Fue mucho más fácil en Costa Rica. Estados Unidos es un país muy difícil para cualquier persona y circunstancia que venga y para nosotros (los desterrrados) es peor», resaltó.
Jirón asegura que casi no ha tomado terapias para sanar las secuelas del encierro y las torturas que sufrió en prisión porque aún «no está preparada para enfrentar ciertas cosas que no puedo tratar. Me queda un camino muy largo por recorrer, para sanar. Además, es muy pronto».
«Estamos en modo sobrevivencia en este país y eso (la terapia) la dejás para después, pero realmente es algo muy importante», insistió.
«Desde mis posibilidades y mi tiempo en Estados Unidos trato de asistir a eventos y reuniones. Estoy activa en mis redes sociales denunciando a la dictadura, en contacto con medios de comunicación, haciendo todo lo que está a mi alcance, priorizando mi estabilidad emocional y económica en este país», puntualizó.