El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó con una nueva campaña de confiscaciones a los críticos de su gobierno. Este lunes, 29 de enero, la dictadura nicaragüense se adueñó ilegalmente del condominio Farallón de Sotavento, perteneciente a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y a sus hijos; y también del Hotel Casablanca, que era administrado por la madre de Rafael «Payo» Solís, exmagistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) y padrino de bodas de la pareja en el poder.
La activista política e historiadora Dora María Téllez expresó su «preocupación» respecto a la confiscación de la propiedad de la mamá de Payo Solís, ya que ella «vivía ahí, esa era su casa». «Al confiscar el hotel, también le confiscan su casa a la señora (Rafaela Cerda)», aseguró.
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De igual manera, Téllez consideró que esta arremetida es una de las «venganzas políticas que los Ortega-Murillo ejecutan contra todo el mundo». La exrea política declaró que esa es «su manera de ‘castigar y castigar’, hasta el infinito, a cualquier persona que se les oponga y critique. Ellos realmente creen que esa es una manera de ‘resolver’, pero la verdad es que no han resuelto nada hasta ahora».
«Con todo lo que han hecho, con todos a los que han encarcelado, perseguido y desterrado, ellos (Ortega y Murillo) no resuelven su ‘crisis’», afirmó Téllez. La exguerrillera sandinista aseguró que la dictadura orteguista tiene «una enorme crisis», pero que no resolverán su problema «confiscando ‘hotelitos’, casas, propiedades y empresas».
Téllez manifestó que el daño contra los dueños de estas localidades, las cuales están ubicadas en San Juan del Sur, Rivas, es «temporal». «Todas estas personas van a volver a tener sus propiedades en un plazo corto, porque esta es una dictadura que se está ‘acabando’ y tiene una ‘crisis profunda terminal’, que los convierte en cada vez más desquiciados en materia de ‘ejecutar venganza’», dijo la historiadora.
De igual manera, la activista política expresó que estos terrenos confiscados no son de utilidad para la pareja gobernante. «La evidencia es que, después de casi seis años desde la crisis y las protestas de abril de 2018, los Ortega-Murillo no han podido recuperar su hegemonía política», destacó.
Téllez agregó que la dictadura nicaragüense ha perdido «personas de su propia fila». «Ya no pueden confiar en los empleados públicos, en la Policía, en los del Ejército, en los del sistema judicial, ni en sus alcaldes o alcaldesas, ya no pueden confiar en nadie porque (Ortega y Murillo) están en ‘etapa terminal’ y ellos saben que en esas circunstancias se le ‘aflojan las piernas’ a los más incondicionales».
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La confiscación de las propiedades
De acuerdo con la información difundida por los medios de comunicación independientes, los agentes policiales encargados de la confiscación del Hotel Casablanca y el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento sostuvieron sus acciones bajo el argumento de que recibieron una «orden de la Procuraduría General de la República (PGR)», aunque no presentaron ningún documento o notificación de allanamiento.
En ambos casos, las autoridades orteguistas procedieron a expulsar a los empleados de las propiedades. Una vez sin los empleados adentro, los agentes tomaron los lugares en su totalidad y afirmaron que, de ahora en adelante, «los ocuparán permanentemente».
«Este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura, como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos nicaragüenses, que han sido despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo a su patrimonio familiar», indicó una fuente cercana a la familia Chamorro-Barrios.
Una nueva edición de «La Piñata» de Ortega
El régimen sandinista ha ido poco a poco apoderándose de oficinas o viviendas de opositores en el exilio un hecho considerado una reedición de «La Piñata» de los años 80, que también fue dirigida por Ortega y sus diputados en ese entonces.
«La Piñata» fue la culminación de una década de confiscaciones y robos de bienes y propiedades privadas. Cuando Ortega perdió las elecciones, el 25 de febrero de 1990, ordenó legalizar todas las propiedades confiscadas y traspasarlas a militares, funcionarios, cooperativas, empresarios sandinistas y los allegados a la nomenclatura de aquella primera dictadura.
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El 19 de julio de 1981, Ortega emitió el decreto 760 conocido como «Ley de los ausentes». Este decreto permitía la apropiación por parte del Estado de los bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses que se habían exiliado al menos seis meses antes. Una condición que cumple la familia Chamorro-Barrios y Rafael Solís, ya que fueron desnacionalizados y desterrados por la dictadura orteguista.
«Se prohíbe la confiscación de bienes», señala la parte final del artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, pero el país es dominado por un régimen que no obedece el ordenamiento jurídico y no le importa actuar al margen de la ley para cometer sus acciones arbitrarias.
