Daniel Ortega y Rosario Murillo mandan en Nicaragua como si fuera su finca. Ambos se creen los amos del país centroamericano que atraviesa una crisis sociopolítica desde 2018. A sus hijos los convirtieron en empresarios y su séquito se enriquece a costa de mantener la nación aislada internacionalmente.
En ese proyecto dinástico emprendieron una serie de confiscaciones, destierros, juicios políticos, expulsiones, matanzas y secuestros de líderes opositores, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y todo lo que consideren una amenaza.
En su afán por arrasar el país y ampliar su patrimonio, más de 300 nicaragüenses fueron desnacionalizados este año y además confiscados, aunque ese último proceso ha sido progresivo.
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Han ido poco a poco apoderándose de oficinas o viviendas de opositores en el exilio, un hecho considerado una reedición de «La Piñata» de los años 80, que también fue dirigida por Daniel Ortega y sus diputados en ese entonces.
«La Piñata» fue la culminación de una década de confiscaciones y robos de bienes y propiedades privadas. Al perder Daniel Ortega las elecciones del 25 de febrero no de 1990, ordenó legalizar todas las propiedades confiscadas y traspasarlas a militares, funcionarios, cooperativas, empresarios sandinistas y los allegados la nomenclatura de aquella primera dictadura.
El 19 de julio de 1981, Ortega emitió el decreto 760 conocido como «Ley de los ausentes». Este decreto permitía la apropiación por parte del Estado de los bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se habían exiliado al menos seis meses antes.
A esta nueva embestida confiscatoria en 2023, se suma a las operaciones que ya venían ejecutando con las ONG y medios de comunicación desde finales de 2018, cuando arrebató la personalidad jurídica a las primeras organizaciones de sociedad civil. Los bienes de todas las ONG clausuradas fueron traspasados a manos del Estado, sin ningún proceso legal que al menos simulara respeto a ley.
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«Se prohíbe la confiscación de bienes», señala la parte final del artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, pero el país es dominado por una dictadura que no obedece el ordenamiento jurídico y no le importa actuar al margen de la ley para cometer sus acciones arbitrarias.
Acto de castigo
Según un estudio de la Fundación del Río, la cancelación masiva de las ONG habría dejado en el desempleo a más de 23 mil 400 personas nicaragüenses. El documento refiere que en total, la dictadura ha aniquilado alrededor del 46% de las organizaciones sin fines de lucro que habían en el país, la mayoría de cancelaciones se dieron en el 2022.
En ese robo descarado de la dictadura, también se apropió de la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la República de Taiwán. Esto sucedió tras el anuncio de su retirada de la OEA y la ruptura de relaciones con Taipéi.
Según Amaru Ruíz, del grupo de 94 nicaragüenses desnacionalizados y director de la cancelada y confiscada Fundación del Río, los decomisos que realiza el régimen Ortega Murillo, no solo viola los derechos constitucionales de las personas jurídicas y naturales.
El ambientalista considera que la confiscación es un «acto de castigo» para las personas que piensan diferente y que han cuestionado el modelo extractivista, antidemocrático, de represalia, de cooptación del poder y de su estrategia de terror y miedo.
«Es un castigo para las organizaciones y las personas que nos hemos opuesto a su forma de administración del Estado. Reedita un proceso anterior, uno de los grandes errores que cometió la Revolución Sandinista en ese momento en el proceso de expropiación de los bienes privados que nos sigue costando a los nicaragüenses. Todavía hay fondos que se destinan para tratar de solventar las deudas por daños y perjuicios provocados por “La Piñata”», dijo el opositor exiliado a Artículo 66.
«El régimen sigue cometiendo estas actuaciones en detrimento de los derechos constitucionales y revive lo que sucedió en esa época para tratar de tener el control sobre los bienes que estaban a nombre de las organizaciones y personas. Además, usufructuar esos bienes, no solo es la toma y cambio de dueño de las propiedades; es decir, le están dando otra utilidad. Le fueron asignadas a otras instituciones», añadió.
PGR, el «tribunal de la inquisición»
La Procuraduría General de la República (PGR) es el abogado del Estado, pero se ha constituido como el «tribunal de la inquisición» que se ha encargado de ejecutar las confiscaciones a los desterrados, desnacionalizados y organizaciones de sociedad civil, es el brazo jurídico que sigue las órdenes de la pareja dictatorial. Expertos en derecho afirman que todo lo actuado por la PGR es ilegal.
La periodista Lucía Pineda Ubau, una de las afectadas por esta medida de la dictadura, dijo a Artículo 66 que la actuación de la PGR es un «robo descarado» de su propiedad. «Buscarán cómo sacar dinero del fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo que hice para construirla», dijo Pineda.
El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, también despojado de su nacionalidad, afirmó que si los bienes no fueron usados para cometer el supuesto delito de traición, los bienes no deberían ser tocados. «Pareciera que se vuelve a los tiempos del absolutismo: cuando el Rey se sentía ofendido y un tribunal condenaba por lesa majestad a alguien, la sentencia incluía la confiscación de todos sus bienes porque oponerse al Rey era la muerte civil. Nicaragua no puede aplicar esta lógica ya superada por el Derecho Penal. La PGR es el tribunal de la inquisición sirviendo a la perversidad de los reyes del Carmen», manifestó.
Sanciones a los ejecutores de las confiscaciones
El 19 de julio de este año, cuando la dictadura «celebraba» un aniversario más de la secuestrada «Revolución Sandinista», Estados Unidos anunció una nueva lista de funcionarios de la dictadura sancionados por «socavar la democracia» en Nicaragua.
La procuradora general de la República, Wendy Carolina Morales Urbina, señalada por la administración de Joe Biden de socavar «los procesos o las instituciones democráticas al utilizar su cargo para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación».
Las sanciones también alcanzaron a las diputadas Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta del Parlamento, Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional; y Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de ese poder del Estado. Todos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la encargada de aprobar las leyes represivas.
Otras sancionadas fueron las funcionarias judiciales Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete, juezas de la Corte Penal de Apelaciones de Managua. Estados Unidos las ve como dos de las principales responsables de suprimir la disidencia nicaragüense al despojarlos de su nacionalidad de origen y de aprobar la confiscación de bienes de los desnacionalizados.
Una nueva deuda para los nicaragüenses
La primera piñata de Daniel Ortega, en 1990, le costó a Nicaragua una deuda de más de 2 mil millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años 80.
La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, explicó a Artículo 66 que el Estado de Nicaragua aplica una ley «ilegal» para justificar la confiscación de bienes, que solo se podría usar para delitos de crimen organizado. Señala que el decomiso y la expropiación de estos bienes es una actuación fuera de la ley.
«El procedimiento que está usando la Procuraduría es un procedimiento que no está establecido en el decomiso de bienes y ocupación de los mismos», indicó.
Constitucionalmente la expropiación y confiscación «está prohibida, pero se han valido de leyes que son inaplicables en este tipo de delitos para poder despojar de bienes a las víctimas», adujo.
Para Ruíz, el robo de todas las propiedades «es un premio o una recompensa… (el régimen) está entregando a su gente, a sus aliados, una compensación o premio de estos bienes expropiados».
«Todavía no conocemos el soporte legal o a nombre de quién van a transferir estos bienes; si es a favor del Estado o un particular. Es algo que va a ser difícil de saber, porque ha cambiado a manos de la Procuraduría (General de la República) el Registro de Bienes Inmuebles que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esos cambios te aseguran los bienes, pero también el dominio y control de la información sobre el proceso legal que llevan estos bienes», subrayó.
«En algún momento, cuando haya un cambio político en el país, el Estado mismo tendría que asumir la responsabilidad de subsanar el deterioro y la expropiación ilegal de estas propiedades; tanto a personas como a organizaciones, personas naturales y jurídicas», lamentó.
La advertencia de EE. UU
El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en 2021 a los inversionistas ser «extremadamente cautelosos» al colocar su dinero en Nicaragua debido al clima de incertidumbre generado por las leyes represivas, la persecución política y fiscal.
El informe sobre el «Clima de inversión 2021» indica que las autoridades fiscales han incautado propiedades siguiendo facturas fiscales supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos. Además, «las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas extranjeras que importan productos».
Adicional a esa advertencia en 2021, con la declaración de apátridas a 317 nicaragüenses, Ortega también pone en riesgo el «Waiver de la propiedad» que Estados Unidos eliminó en 2015 después de 20 años en ejecución.
En ese nutrido grupo de nicaragüenses también hay ciudadanos estadounidenses que sus propiedades fueron confiscadas, una acción que llevaría a Washington a tomar acciones.
El «waiver» eran restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y al apoyo para la concesión de préstamos internacionales para Nicaragua, esto se aplicó ante la falta de solución de los reclamos de los ciudadanos norteamericanos que sufrieron la confiscación de sus bienes en la primera dictadura sandinista.
