Durante la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, llevada a cabo en Washington D.C. el pasado 30 y 31 de enero, un sacerdote nicaragüense denunció la persecución del régimen de Ortega-Murillo contra los párrocos y miembros de la Iglesia católica de Nicaragua.
En un primer lugar, el sacerdote denunció que frente la casa de su familia «siempre hay una patrulla policial del régimen que vigila todo lo que hagan durante las 24 horas». Este padre comentó que estuvo encarcelado por el régimen.
De acuerdo a su testimonio, en conjunto con otros sacerdotes, fue arrestado y golpeado por largos meses para, posteriormente, ser acusado de «traición a la patria».
«Como si la patria fuera el grupo de terroristas que destroza a mi país», criticó.
El religioso calificó la persecución que vive la Iglesia como «los peores años de su historia en Nicaragua».
Entre algunas de las razones de esta denominación destacó «el destierro, expulsión o encarcelamiento de 120 religiosos y religiosas, la expulsión de la mayoría de órdenes y congregaciones religiosas, el destierro de tres obispos, la prohibición de todo acto religioso público y la persecución en contra de colegios, universidades, conventos, radios, emisoras y canales de televisión de índole religiosa».
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De igual manera, el religioso señaló que «en las misas dominicales, siempre hay patrullas estacionadas en frente de las parroquias del país, así como todos los asistentes a las misas son fotografiados». A su vez, mencionó que todas las misas son grabadas, sobre todo porque «mencionar el nombre de monseñor Rolando Álvarez, obispo desterrado de la Diócesis de Matagalpa, está prohibido durante las eucaristías».
El sacerdote, en pleno escenario internacional, denunció que las parroquias «no tienen un solo centavo para las obras sociales, para el pago de personal ni otras actividades». Desde mediados del año pasado, el régimen congeló las cuentas bancarias de las parroquias, como también arremetió en contra de Cáritas de Nicaragua, organización que recibía fondos del extranjero.
Las acusaciones «absolutamente falsas»
De acuerdo con el padre, el ataque «visceral y sin cuartel» en contra de la Iglesia católica es porque la institución es «el último organismo no alineado con la dictadura», debido a que los medios de comunicación independientes y partidos opositores ya han sido reprimidos. «La Iglesia reúne a casi el 80% de la población nicaragüense, la cual encuentra en la palabra de Cristo un consuelo», explicó.
Según el sacerdote, al ver el fracaso de sus «políticas de empobrecimiento» de la nación, así como el levantamiento multitudinario en abril de 2018, el régimen identificó a la Iglesia católica como un «chivo expiatorio» en el cual poner la oposición generalizada de los nicaragüenses, como también para acusar a la institución de «motivar y a armar a los opositores».
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El religioso calificó de «absolutamente falsa» dicha acusación, sin embargo, por ella distintos religiosos han pasado por cárcel, expulsión, destierro y desnaturalización de bienes. A pesar de ello, el cura mencionó que el mayor problema es la desnacionalización, ya que «al ser borrados del padrón de los nacidos en Nicaragua, los curas cuentan como personas que no existe, lo que es lo mismo a legalmente muertos».
A su vez, destacó que distintos sacerdotes enviados a las comunidades rurales del país están desaparecidos, encarcelados o tuvieron que escapar del país. Y, a pesar del reciente destierro de sacerdotes, la persecución sigue. «Recientemente, los seminarios de Matagalpa y de la Costa Atlántica se vieron forzados a cerrar y, por otro lado, casi la mitad del territorio nacional no tiene sacerdotes en sus iglesias», comentó.
Por lo tanto, el religioso, en nombre de todos los sacerdotes, pidió a las organizaciones y países de vocación democrática «a volver a ver a Nicaragua y a su Iglesia, ya que la población ha sufrido la violación de todos sus derechos humanos, empezando por el libre ejercicio de sus creencias».
Por último, constató con tristeza que «distintos países de corte democrático saben de los crímenes del régimen, sin embargo, en vez de presionar al gobierno criminal, ‘han vuelto a ver a otro lado’». «Esto los vuelve cómplices de estas acciones, ya que ‘aquellos que callan, otorgan’», culminó.
Una Iglesia que aún es perseguida
Desde el inicio de la crisis sociopolítica que arrastra el país, el régimen orteguista ha desterrado, expulsado, e impedido el ingreso de 170 religiosos y 76 monjas de la Iglesia católica en territorio nicaragüense. En octubre de 2023, la dictadura envió a 12 religiosos a la Santa Sede.
El 14 de enero, el régimen desterró al Vaticano a 19 sacerdotes, incluyendo a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, líderes de la Diócesis de Matagalpa y de la Diócesis de Siuna, respectivamente. A pesar del reciente destierro de los padres, la persecución contra la Iglesia católica aún persiste. El 20 de enero de 2024, el régimen expulsó a tres sacerdotes más, por lo que la cifra seguirá en aumento.
