El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre del consulado nicaragüense en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México; que se hizo efectivo el pasado sábado, 20 de enero, según denunció la organización Texas Nicaraguan Community.
La clausura de esta delegación se suma al cese de operaciones de los consulados nicas en Houston, California y Nueva Orleans, ubicados a Estados Unidos. Esta nueva medida represiva del régimen tiene preocupados a opositores exiliados, quienes consideran que el régimen orteguista «quiere retroceder» al panorama de los años 80, donde solamente existía un único consulado.
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El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, expresó a Artículo 66 que es «lamentable» la serie de anulaciones de la representación diplomática de Nicaragua en otros países. El exdiplomático indicó que esta situación afecta principalmente a los migrantes nicaragüenses, quienes quedan «desprotegidos y desamparados» en territorio extranjero.
«Una vez más, la dictadura está incumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos y derecho internacional, en cuanto a la protección de los connacionales que se encuentran en otras regiones del mundo», dijo McFields.
De igual manera, McFields relató que en las sedes diplomática «no existe capacidad para atender a los migrantes». De acuerdo con el también periodista, en el caso del consulado de Washington «solo trabajan dos personas y a veces solo trabaja una». Indicó que «nuevamente, Ortega está en una jornada de odio y de venganza política en contra de los migrantes y de aquellos que piensan diferente».
Para el exembajador, la dictadura sandinista «quiere tener menos consulados para tener mayor control en todo». «Esta estrategia, sin lugar a duda, está a la mano del Ministerio del Interior y del viceministro Luis Cañas, que es el hombre de confianza de los Ortega-Murillo para controlar el tema de los pasaportes y quién entra y quién sale a Nicaragua», acusó McFields.
¿Qué harán ahora los nicas en México?
Por su parte, la activista política y directora de redes de la organización Urnas Abiertas, Ivannia Álvarez, explicó a Artículo 66 que la función principal del consulado nicaragüense que recientemente cerró en Tapachula, México, era ayudar con el papeleo a los migrantes. «Si se te perdió algún documento, ellos podían tener un lugar donde interponer esta solicitud para que te regresen, envíen o generen algún tipo de documento», explicó.
Aunque Álvarez expresó que desconoce cuántos nicaragüenses habitaban en esa localidad, sí afirma que los compatriotas que vivían en Chiapas también ocupaban los servicios de la embajada. Según la exrea política, que actualmente reside en México, esa sede era necesaria debido a la frecuencia con la que los migrantes perdían los documentos, debido a las obstáculos que existen en el recorrido entre Nicaragua y Tapachula y la vulnerabilidad de ser asaltado durante el camino.
México es un país que alberga a cientos de nicaragüenses en casi todos sus estados y, con el anuncio de que solo habrá un único consulado en su capital, Álvarez considera que esto causará que los trámites sean más «engorrosos por temas de costos». La activista política explicó que, por ejemplo, si una persona desea trasladarse de Tapachula a la Ciudad de México utilizando un bus, «eso puede costar más de 100 dólares y más de un día de camino».
La expresa política agregó que el cierre de la sede consular nicaragüense en Tapachula también causó que las personas que vienen migrando y que viven en el estado de Chiapas «se quedaran sin la posibilidad de que si pierden o necesitan algún tipo de documento, lo puedan adquirir otra vez».
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«Una situación que se debe aclarar es que si te quedas sin documento en Tapachula, no hay forma que avances a la ciudad de México ni que hagas tus trámites de solicitud de una visa humanitaria o de algún permiso de viaje porque no tienes identidad», enfatizó Álvarez.
Cierre de consulados es parte de un plan de Ortega
De igual manera, Álvarez destacó que esta reciente clausura a los consulados empezó luego de que Ortega, mediante la Asamblea Nacional, validara, en segunda legislatura, una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que autoriza legalmente al régimen orteguista a desnacionalizar a cualquier persona que considerara «traidor a la patria».
«Esta aprobación de la desnacionalización infringe totalmente los derechos universales de los nicaragüenses, como es el derecho a una identidad», denunció la activista política. Aunque Álvarez lamentó que estos consulados ofrecieran un mal servicio y atención a los migrantes, «al final la gente tenía una forma de obtener algún documento de identidad».
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Igualmente, Álvarez indica que esta situación responde a «un cierre de operaciones en el extranjero», un mensaje del régimen orteguista para que la población realice sus trámites dentro de Nicaragua, donde puede tener todo bajo su control.
«Espero que no los cierren todos, pero si esto sucede sería como un abandono a aquellas personas que salimos del país, porque desde el día en que saliste, te quedas sin nacionalidad de facto. ¿A dónde vas a ir a hacer un trámite si no hay consulado?», sostuvo.