La aplanadora de diputados oficialistas y colaboracionistas de la dictadura en la Asamblea Nacional, durante una sesión especial en conmemoración por el 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío, aprobó en segunda legislatura una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, con la cual legalizan el despojo de la nacionalidad a «quienes traicionen la patria».
De acuerdo con la batería de medios oficialistas, esta reforma busca «reafirmar que es deber de todo nicaragüense defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación, por lo que los ciudadanos que lesionen los intereses supremos de la nación serán considerados traidores a la patria». Las publicaciones de los propagandistas resaltan que «la reforma recibió el respaldo unánime de los diputados», es decir, fueron los 91 parlamentarios que votaron a favor de esa reforma.
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Una vez que la reforma sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el artículo 21 de la carta magna leerá que «la adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».
Al recordar este llamado, Porras consideró que esta nueva reforma a la carta magna dejará en claro que «en conjunto con la ley de pérdida de la nacionalidad, aquel que traiciona a la patria pierde la nacionalidad». «No es a la fuerza que alguien debe de ser llamado nicaragüense, aquel que traiciona a su tierra no puede ser hijo de Nicaragua», agregó.
A su vez, el funcionario orteguista expresó que «todos los que nacimos en esta patria somos nicaragüenses; sin embargo, aquel que traiciona a su país, que prefiere acogerse por el llamado de la codicia y termina atacando a su patria, no merece ser llamado nicaragüense».
Desde febrero de 2023, en un acto arbitrario, la dictadura de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 317 nicaragüenses. En una primera tanda, quitó la nacionalidad a 222 excarcelados políticos; luego, a 94 figuras de la oposición y directores de medios de comunicación independientes. Por último, en una clara represalia por no aceptar el destierro, le arrebató ese derecho al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien todavía se encontraba en las cárceles del régimen.
En otra arremetida contra la Iglesia católica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y a otros dieciocho religiosos al Vaticano, en Roma. Esta acción represiva fue calificada por el sacerdote José María Tojeira, exrector de la Universidad Simón Cañas (UCA salvadoreña), como una «brutalidad, injusticia e hipocresía» de la dictadura.
En una entrevista realizada por el periodista y fundador del medio de comunicación independiente Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, Tojeira afirmó que le «indigna» este tipo de situaciones que violan los derechos humanos. De igual manera, calificó la expulsión arbitraria de los sacerdotes como un «signo de debilidad» de la pareja presidencial.
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«La dictadura (de Nicaragua) no ha podido con la fortaleza de los obispos y los sacerdotes y tampoco con el descrédito internacional, que se les ha ido formando. Creo que eso hay que aprovecharlo de alguna manera porque es una injusticia más», afirmó el exprovincial de los jesuitas centroamericanos.
Tojeira agregó que «aunque uno se alegra de que los religiosos estén liberados, hay que continuar insistiendo en la brutalidad, la injusticia, la hipocresía y la violación de derechos humanos».
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el papa Francisco celebraron una reunión donde abordaron, según las propias declaraciones del gobernante, la situación de la libertad religiosa en Nicaragua. El mandatario del país suramericano se ofreció a mediar con el régimen de Daniel Ortega para que cese la persecución a los líderes y la institución católica.
Managua y Bogotá sostendrán diversos encuentros para negociar y resolver el conflicto marítimo entre ambos naciones que fue juzgado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya. Esa será la «oportunidad» que tendrán las autoridades colombianas para persuadir a sus homólogos nicaragüenses e incluir el tema de la persecución religiosa.
«Hablamos del tema nicaragüense, Colombia puede poner sus nuevos oficios en un tema de altercado que hubo muy profundo», afirmó Petro ante las preguntas de periodistas que esperaban sus reacciones tras conversar con el máximo representante de la Iglesia católica.
Sin embargo, la propuesta de Petro despertó dudas en diferentes opositores, quienes calificaron su ofrecimiento como «loable, pero que no tendrá ningún efecto».
El politólogo y exreo político Félix Maradiaga expuso a través de una declaración enviada a Artículo 66 que una de las razones por las cuales la participación del mandatario colombiano podría ser en vano es debido al «total desprecio que Daniel Ortega ha mostrado a la comunidad internacional».
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«No veo en (Daniel) Ortega ninguna apertura para dialogar de manera transparente y constructiva a través de mediadores del sistema interamericano. Ortega ya está enrumbado en un camino de radicalización hacia un sistema totalitario», manifestó Maradiaga, actualmente exiliado en Estados Unidos.
El exprecandidato presidencial nicaragüense consideró que Petro «está lejos de ser un mediador potencial». «No solo tiene relaciones muy desgastadas con Ortega en el nivel personal, sino que entre el estado de Colombia y Nicaragua ha habido querellas por temas territoriales que tensan mucho esa relación binacional», afirmó.