El sacerdote José María Tojeira, miembro de la comunidad jesuita y quien ha sido designado como vocero de la congregación; declaró que en los últimos días la Universidad Centroamericana (UCA) ha recibido una arremetida brutal por parte de la dictadura de Nicaragua. En una entrevista con el medio de comunicación Religión Digital, señaló que el gobierno de Daniel Ortega ha impuesto «un régimen de terror» en el país centroamericano, incluso, agrega, «más duro que el que existió en otros países», como en El Salvador.
Ante la afirmación del periodista de Religión Digital de que la confiscación de la UCA, en Managua, recuerda los ataques en El Salvador contra la universidad jesuita en el año 1989; Tojeira fue enfático en establecer una diferencia y definir a la tiranía sandinista como un régimen «más duro» y «más opresivo para la conciencia de la gente».
«La situación de la UCA de El Salvador en 1989 fue diferente. Entonces se produjo una más de las muchas masacres protagonizadas por el Ejército. En Nicaragua se disolvieron a tiros varias manifestaciones en 2018, pero después se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, confiscación de bienes, amenazas de diverso tipo, expulsiones del país mucho más duro del que existió en otros países. Ciertamente se ha matado menos pero el control del pensamiento libre y de la crítica, con sus mecanismos de destierro y encierro, ha sido mucho más opresivo para la conciencia de la gente», sostuvo.
El vocero de la Compañía de Jesús también se refirió a la condición que padecen los sacerdotes jesuitas ancianos que estaban a cargo de la UCA. «Hemos tenido que trasladar a los jesuitas ancianos (99, 91 y 85 años) a El Salvador. Siguen activos y con los jesuitas trabajando en las obras que representan, otras tres personas jurídicas. Dos colegios y Fe y Alegría permanecen activas y con los jesuitas trabajando en ellas».
Seis ancianos jesuitas quedaron sin hogar después de que este pasado sábado, 20 de agosto, la administración de Ortega les despojará de la propiedad Villa Carmen, en Managua, donde vivían. Antes de cancelar la personalidad jurídica de la asociación jesuita en Nicaragua.
El sacerdote Tojeira, en representación de la comunidad jesuita, aseguró que podrían llevar su denuncia ante la comunidad internacional. «Estamos estudiando posibles denuncias en organismos internacionales, Organización de Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos (OEA), que velan por los derechos humanos. Dada la imposibilidad de realizar reclamos o demandas jurídicas al interior de Nicaragua. El problema no es solo con los jesuitas sino con la iglesia en general», sentenció el sacerdote.
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El cierre de la Universidad Centroamericana y la cancelación de la personería jurídica de los jesuitas en el país es calificado por opositores, defensores de derechos humanos y activistas como una estrategia más de la represión que ejerce el gobierno contra la iglesia católica en el país.
«La escalada contra la iglesia viene motivada por la defensa de los derechos de las personas, por las llamadas de la iglesia a la paz social y el diálogo y por la denuncia profética de la brutal represión de manifestaciones de protestas acontecidas en el 2018», declaró el sacerdote jesuita.
El sacerdote José María Tojeira miembro de la comunidad jesuita
Al religioso se le cuestionó sobre las postura del Papa Francisco, quien recientemente se refirió al encarcelamiento de monseñor Rolando Álvarez. Tojeira indicó que el pontífice se ha solidarizado con ellos. «Sabemos de su solidaridad con nosotros. Respecto a palabras públicas, el papa busca siempre que sus palabras no repercutan negativamente al interior de los países que mantienen una dura represión» finalizó el sacerdote.
En el país aún permanecen sacerdotes de la orden de los jesuitas. Se desconoce si estos corren el riesgo de ser expulsados como se ha hecho con otros religiosos a los que el gobierno ordena salir del país después de cerrar los organismos para los que colaboraban. Con la reciente salida de estos tres sacerdotes jesuitas la cifra de miembros de la iglesia católica que han salido del país, por motivos políticos, asciende a más de 80.
