Sobre la negociación entre la Santa Sede y el régimen de Daniel Ortega para desterrar a 19 religiosos, el canciller del Vaticano, arzobispo Paul Gallagher, afirmó que «es claro que negociar cosas como la salida de estos sacerdotes de Nicaragua no fue fácil».
Las declaraciones las brindó durante una conferencia de prensa realizada en la Santa Sede el 18 de enero, en ocasión a los 200 años de la muerte del cardenal Ercole Consalvi, un símbolo de la diplomacia vaticana.
Noticia relacionada: Monseñor Pablo Villafranca habría sufrido un infarto de camino a su destierro a Roma
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, junto al obispo Isidoro Mora, otros 15 sacerdotes y dos seminaristas fueron excarcelados y desterrados a Roma el 14 de enero en un vuelo de CONVIASA, del régimen de Nicolás Maduro, que operó la ruta Managua-Caracas-Madrid-Roma.
En ese viaje, monseñor Pablo Villafranca, del grupo de 19 religiosos, habría sufrido un infarto durante el vuelo que lo obligó a quedarse en la capital venezolana, revelaron opositores en redes sociales.
Esa información, que el sacerdote quedó en el país suramericano, fue confirmada por el portal Vatican News, de la Santa Sede, cuando anunció que 18 religiosos fueron recibidos en Roma y que uno, sin detallar quién era y porqué, se había quedado en Caracas.
«Dictadura de Nicaragua casi añade a su lista de presos asesinados a un sacerdote. El padre Villafranca se salvó de milagro. Tuvo mejor suerte que Hugo Torres, Eddy Montes o Modesto Solís (excarcelados políticos que murieron en la cárcel o producto de su privación de libertad arbitraria). El asesinato inducido de presos políticos es una vieja practica en Cuba y Venezuela», escribió el periodista y exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields.
El cronista deportivo y desterrado policial, Miguel Mendoza, escribió: «Al padre Villafranca le dio un infarto en el vuelo del destierro de Nicaragua hacia Venezuela. Ya en Venezuela el piloto se negó a llevarlo a Roma porque podía morir. Se quedó en ese país, mientras los otros sacerdotes salieron a Roma».
El comisionado general Luis Barrantes, un policía con más de 30 años en las filas de esa institución y considerado un experto en la aplicación de métodos represivos contra la población civil, fue nombrado esta semana como nuevo director general del Sistema Penitenciario Nacional, según confirmó una fuente cercana a esa entidad consultada por Artículo 66.
De acuerdo con información filtrada a través de redes sociales y en grupos de WhatsApp de fanáticos orteguistas, el dictador Daniel Ortega decidió que la Policía asuma el control total de todas las cárceles del país temiendo que los presos comunes puedan amotinarse, influenciados por reos políticos, en reclamo de mejores condiciones en los penales y cansados de maltratos de los que son víctimas por parte de la guardia penitenciaria.
La fuente cercana a la Policía, contactada por este medio de comunicación, confirma que, efectivamente, Barrantes estará asumiendo la jefatura de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN), desplazando a los veteranos funcionarios de esa dependencia, que han sido entrenados por años.
Noticia relacionada: Daniel Ortega manda a aprobar ley que subordina al Ministerio de Gobernación a la Policía
La fuente señaló que, la única manera de explicar el hecho que Ortega mande a un alto oficial de la Policía, experto en vigilancia, en aplicación de métodos represivos; es porque hay temor de revueltas en las cárceles».
«Siempre ha existido el temor de que los presos políticos influyan en los (presos) comunes para armar revueltas, amotinamientos. Recordá que, generalmente, los (presos) políticos son gente estudiada, son más fuertes en sus posiciones reclamando derechos, saben hablar y hay mucha gente afuera apoyándolos, y pues, eso podría influir en los (reos) comunes. La mejor manera de frenar eso es poniendo a un policía leal al Gobierno y que sea mano dura», explicó la fuente bajo la condición de no dar indicios de su identidad.