La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) solicita a la comunidad internacional, en especial al gobierno costarricense, que «garantice la protección de los nicaragüenses solicitantes de refugio o que ya están refugiados». La petición llega tras el atentado que sufrió el exiliado Joao Maldonado, uno de los ciudadanos desnacionalizado por el régimen de Daniel Ortega.
El 16 de enero de 2024, el organismo expresó su preocupación por la situación de inseguridad y persecución política que sufren los opositores del régimen orteguista en Costa Rica y en el resto de Centroamérica.
La organización argumentó que «en los últimos meses, fueron reportados varios casos de opositores de Nicaragua que recibieron amenazas de muertes o que fueron intimidados por personas desconocidas» y, aseguró que «la documentación para sustentar esa aseveración existe». La agrupación acusó a la tiranía encabezada por el caudillo sandinista de «utilizar su inteligencia y espionaje para atacar a las voces que los condena y generar miedo tanto en Costa Rica como en otros países de la región centroamericana».
PUDE recordó el caso de un nicaragüense exiliado en Costa Rica, Joao Maldonado, quien sufrió un atentado en la capital de ese país, suceso que «consternó a refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica», sobre todo porque no fue un hecho aislado, ya que fue la segunda vez que Maldonado fue atacado.
Para la agrupación, es de suma importancia que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica investigue este, como también otros casos, para «impulsar acciones con el fin de proteger a las personas amenazadas». «Costa Rica, de manera histórica, ha sido un país que brinda refugio y protección a los derechos humanos, por lo tanto, solicitamos que ‘tomen nota’ de este tema para garantizar la seguridad de los opositores nicaragüenses», agregó.
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La organización pidió a las autoridades costarricenses, a la comunidad internacional y a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) su apoyo «para documentar los gravísimos casos y salvaguardar las vidas de los solicitantes de refugio y refugiados tanto en Costa Rica como en la región centroamericana, desde la visión de derechos humanos y hermandad».
Por último, el organismo consideró necesario que este tema entre en la «agenda de trabajo de los Estados de la región centroamericana».
Los ataques a Maldonado
El Gobierno de Costa Rica, dirigido por el presidente Rodrigo Chaves, negó, durante una conferencia de prensa el 11 de enero de 2024, que su Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) haya estado brindando seguridad al líder opositor nicaragüense Joao Maldonado.
De acuerdo con las declaraciones de OIJ, Maldonado, de 34 años, recibió siete heridas de proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo, como tórax y cabeza. Mientras que su esposa, Nadia Robleto, de 36 años; presentaba una herida en su cabeza, que fue causada por la misma arma. Ambos fueron atacados en el sector de San Pedro, de Monte de Oca, San José.
La administración del presidente Chaves aseguró que la DIS «no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona», con lo que busca desligarse de cualquier señalamiento de negligencia en la seguridad del dirigente opositor.
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Posteriormente, Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, de Costa Rica, declaró que «nunca estuvieron encargados de proteger a Joao Maldonado ni a su esposa, Nadia Robleto», sino que le correspondía a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, la cual pertenece al Ministerio Público. Por lo que, hasta la fecha, se desconoce al organismo que, teóricamente, debía de encargarse de Maldonado.