Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y figuras políticas continúan pronunciándose respecto al segundo atentado contra el activista político Joao Ismael Maldonado Bermúdez y su cónyuge, Nadia Robleto. El ataque hacia los nicaragüenses, perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocurrió en una calle principal de la localidad de Montes de Oca, San José, Costa Rica, la mañana de este miércoles, 10 de enero.
Después de recibir múltiples balazos por hombres armados que montaban una motocicleta, Maldonado y su compañera de vida fueron trasladados a un hospital de la capital costarricense en estado grave de salud.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más difundió a través de sus redes sociales, un informe en donde urge al Estado de Costa Rica, capturar, «cuanto antes», a los autores materiales e intelectuales del crimen cometido contra los dos opositores exiliados en Costa Rica.
De igual manera, la agrupación humanitaria destacó que el primer atentado contra el activista político, hasta la fecha, tampoco ha sido plenamente esclarecido. El 11 de septiembre de 2021, dos hombres armados dispararon desde una motocicleta e hirieron a Maldonado mientras se movilizaba en otro vehículo. En esa ocasión, el ataque se registró en la localidad de Escazú, en el sector oeste de San José. Para el Colectivo Nicaragua Nunca Más, «ambas acciones criminales evidencian el claro propósito de matarlos».
Después de ese primer atentado, en el que recibió cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, Joao Maldonado fue asumido por un programa de protección que depende directamente de la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS) de la Presidencia de Costa Rica. Según algunos activistas que conocen al opositor, en los últimos meses volvió a recibir amenazas de muerte, por lo que fue asumido por la seguridad presidencial y había sido reubicado en casas de seguridad fuera de San José.
Además, el comunicado señala que «Costa Rica es suscritora de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos humanos, instrumentos de carácter vinculante que obligan al Estado a la protección a la vida, integridad y seguridad de las personas solicitantes de refugio o refugiadas dentro del país».
«Dado que Joao Maldonado fue despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense es importante destacar que el estado español le otorgó la ciudadanía, por lo que respetuosamente solicitamos a la embajada de España, en Costa Rica, realice las gestiones pertinentes en el marco del derecho a recibir protección consular», detalla el informe.
La organización reafirmó su solidaridad con «Joao Maldonado, Nadia Robleto, sus respectivas familias y con la población nicaragüense exiliada».
Opositores culpan a Ortega
De igual manera, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) condenó «enérgicamente la persecución sistemática y transfronteriza que sufre Maldonado y su familia». En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la organización aseguró que el ataque «se trata de una nueva persecución del régimen de Ortega-Murillo contra la oposición nicaragüense radicada en Costa Rica».
UEN reiteró «la necesidad de que el estado costarricense dé seguimiento a los casos y denuncias de persecución de nicaragüenses en Costa Rica, por grupos que operan en el país auspiciados por la dictadura de Nicaragua».
Añadieron que la organización respalda «plenamente el liderazgo de Joao Maldonado en la lucha contra la tiranía Ortega-Murillo», así como el trabajo de Robleto «con la comunidad de emprendedores nicaragüenses y latinos, de su arduo trabajo con mujeres, jóvenes y las familias nicaragüenses en general desde su línea de incidencia social y profesional con enfoque de derechos humanos».
El organismo reiteró su «firme compromiso en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad de nuestro país, la reparación y la no repetición ante estas arbitrariedades contra los derechos humanos de cualquier nicaragüense». En el comunicado, UEN también enfatiza que continuarán demandando justicia para ambos opositores y su núcleo familiar, «así como el esclarecimiento de los hechos delictivos que han atentado contra su integridad física y el derecho universal a la vida».
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PLN apoya a Maldonado
El secretario político del Partido Liberación Nacional, de Costa Rica, Miguel Guillén, difundió un mensaje de voz en grupos de redes sociales, donde expresó su apoyo «a aquellos que son perseguidos por regímenes autoritarios y dictaduras en América Latina». «Nuestro país siempre ha tendido la mano a todos los que han defendido la democracia y que por esto han sido amenazados de muerte, perseguidos, han maltratado a sus familias y a su integridad física, moral, social y económica», afirmó.
Guillén comentó que el presidente Rodrigo Chávez «ha reconocido tener muy buena amistad con el presidente Daniel Ortega». Además, el funcionario político consideró que es preciso que el gobernante costarricense «dé instrucciones a nuestro cuerpo diplomático para que exija explicaciones e investigue si de una u otra forma hay un vínculo entre lo sucedido a Joao Maldonado en territorio costarricense con las disputas, divergencias y persecuciones políticas que desde Nicaragua se han venido dando desde hace ya varios años».
El secretario del PLN insistió en que Costa Rica debe ser un territorio «seguro para todos los demócratas de América Latina y para todos aquellos que nos solicitan refugio».
«Consideramos que la ola de violencia que vive el país es grave y que el Gobierno no está tomando las medidas para poder contener esta marea de crimen. Debemos asegurarle a la familia de Joao Maldonado mejor y mayor protección», enfatizó Guillén.
Del mismo modo, el dirigente político costarricense solicitó al Gobierno de la República y a las autoridades «redoblar esfuerzos para proteger a los perseguidos políticos que están en nuestro territorio». Enfatizó en que lo sucedido con Maldonado es «una mancha que no debemos permitir que se repita».