El activista político Joao Maldonado Bermúdez y su esposa, Nadia Robleto, fueron blancos de un segundo ataque perpetrado por dos sujetos de identidad desconocida, ocurrido en San José, Costa Rica, el miércoles, 10 de enero. Ambos opositores, perseguidos por la dictadura sandinista, resultaron gravemente heridos y, posteriormente, fueron traslados a un hospital costarricense.
En una muestra de solidaridad a los exiliados políticos, integrantes del Grupo de los 94, conformado por nicaragüenses víctimas de la campaña represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado, a través de las redes sociales, donde repudian y condenan la reciente agresión contra Maldonado y su compañera de vida.
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La agrupación considera que «nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otras personas, por ningún motivo». «Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de este grave atentado contra la vida e integridad», detalla el informe, publicado este jueves, 11 de enero.
Al mismo tiempo, los opositores demandaron a las autoridades oficiales de Costa Rica una «investigación exhaustiva sobre este crimen para determinar de forma clara los autores, tanto materiales como intelectuales, y el castigo correspondiente conforme las leyes de esta nación».
Entre los nicaragüenses que firmaron este comunicado se encuentran Danny Ramírez Ayerdíz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH); la analista política Alexa Zamora, la directora del medio de comunicación independiente 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau y la socióloga Elvira Cuadra.
Otras personalidades opositoras que firmaron el comunicado fueron el periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro; el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields; el periodista y fundador del medio informativo Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, y la defensora de derechos humanos Haydée Castillo.
Régimen desnacionalizó a Maldonado
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo se han ensañado contra Maldonado por su activismo político y su posición durante la rebelión cívica de 2018 en Carazo (suroeste de Nicaragua). Tras la operación limpieza en Diriamba y Jinotepe, Maldonado tuvo que exiliarse en Costa Rica.
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El 24 de junio del 2021, su padre, exprisionero político de Ortega y mayor retirado del Ejército Tomás Maldonado falleció en Carazo, sin que su hijo pudiera asistir a su sepelio.
El 16 de febrero de 2023, el régimen sandinista incluyó a Joao Maldonado en una lista de 94 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad. Sin embargo, el 31 de mayo de 2023, el gobierno de España otorgó la nacionalidad de ese país europeo a Maldonado, según la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE).
