El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sede en Costa Rica, y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) se pronunciaron respecto al segundo atentado contra el activista político Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, ocurrido en Montes de Oca, San José, este miércoles, 10 de enero.
Luego de que dos hombres armados a bordo de una motocicleta les dispararan a la pareja de opositores, perseguidos por el régimen orteguista, ambos fueron trasladados a un centro médico costarricense y actualmente se encuentran en estado grave de salud.
Noticia relacionada: Joao Maldonado recibió siete disparos en el tórax y cabeza, reporta OIJ
Ante el ataque hacia los nicaragüenses exiliados en territorio costarricense, ACNUR y SNU difundieron en sus redes sociales un comunicado para expresar su «profunda preocupación por los hechos de violencia contra las dos personas refugiadas».
Del mismo modo, las organizaciones humanitarias agregan que el SNU recibe de «manera muy positiva» los esfuerzos del Estado de Costa Rica para «esclarecer estos hechos y continuar brindando seguridad y protección a todas las personas forzadas a dejar sus países para escapar de situaciones de persecución y violaciones de derechos humanos».
Gobierno tico niega que DIS protegió a Maldonado
El Gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, negó que su Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) haya estado brindando seguridad al líder opositor nicaragüense Joao Maldonado, quien fue víctima de un segundo atentado a balazos en territorio costarricense, y al mismo tiempo aseguró que no tienen indicios de que en ese país opere una «célula organizada» por el régimen de Nicaragua, que pueda haber intentado asesinar al opositor.
Noticia relacionada: Gobierno de Costa Rica niega que la DIS tuviera a cargo la protección a Joao Maldonado y su familia
En un comunicado de prensa de cinco puntos, hecho público este jueves, 11 de enero, un día después del atentado criminal contra Maldonado, la administración del presidente Chaves aseguró que la DIS «no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona», con lo que busca desligarse de cualquier señalamiento de negligencia en la seguridad del dirigente opositor que ya ha sufrido dos intentos de asesinato en plena vía pública en suelo tico, a manos de pistoleros hasta ahora no identificados.
Asimismo, la administración Chaves asegura, en la misma nota de prensa, que «no existe ningún tipo de indicios» de que en suelo costarricense opere una célula «organizada y controlada por el Gobierno de Nicaragua», con lo que pone en entredicho las acusaciones de opositores exiliados en ese país, que responsabilizan al régimen Ortega-Murillo de ser el cerebro detrás de los dos atentados contra el exiliado político que lideró las protestas sociales de 2018 en el departamento de Carazo.