El dictador Daniel Ortega, cual sultán de Nicaragua y enemigo de todas las organizaciones benéficas internacionales, expulsó del país el 18 de diciembre a la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), poniendo fin, de esa manera abrupta, a la labor que desarrollaba esa organización.
Según información que circuló en redes sociales y en medios de comunicación, Ortega habría dado la orden de que los representantes de la Cruz Roja del Comité Internacional abandonaran la nación de inmediato, por lo que los funcionarios de la entidad no tuvieron más remedio que salir del país de una manera abrupta.
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La salida del CICR pone fin al trabajo humanitario que realizaban en el país, principalmente con reos de conciencia que permanecen en las celdas de la dictadura.
Desde el primero de enero hasta mediados de diciembre de 2023, se contabilizan 275 agresiones contra la Iglesia católica de Nicaragua, es decir, 135 acciones represivas más que el año pasado, en el que se reportaron 140 ataques.
La abogada e investigadora de temas religiosos y autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, dijo que ya son 740 ataques contra la Iglesia desde 2018, año en que se inició una rebelión cívica y en donde los religiosos dieron acogida en sus parroquias a los manifestantes que huían de las balas disparadas por agentes estatales.
En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Molina comentó que «desde el año 2018 hasta el 2023 la Iglesia católica ha soportado 740 ataques en su contra». Agregó que «un 37% de esos ataques ocurrieron este año», por lo que «se puede calificar a 2023 como el de más ataques en contra de los religiosos en el quinquenio reciente».
Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores de Nicaragua, se quejó por una supuesta campaña de difamación y desinformación contra el gobierno dictatorial de sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y contra sus amigos chinos al tiempo que aseguró que las dictaduras de Nicaragua y China son «ejemplos para el mundo», en la defensa de los derechos étnicos y culturas autóctonas.
El considerado sucesor del dictador nicaragüense, que ostenta el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y que últimamente ha sido delegado por sus padres con «plenos poderes» para representar al régimen, se mostró dolido por lo que llamó una campaña contra los gobiernos de Nicaragua y China.
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Ortega Murillo participó el fin de semana pasado, junto al canciller de la dictadura, Denis Moncada, en la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación entre la comisión estatal de asuntos étnicos de China y el régimen de Nicaragua.
Tras la firma del acuerdo, el hijo de los dictadores elogió a la tiranía de sus padres como supuestos defensores de las etnias, mientras en las regiones del Caribe los indígenas son asesinados y despojados de sus tierras sin que el que Gobierno haga nada. Además, recientemente encarceló a dos de los principales dirigentes étnicos de esa región, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez; y eliminó al partido indígena Yatama.
La alta comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó este lunes, 18 de noviembre, la actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua denunciando la persecución religiosa, el encarcelamiento arbitrario y destierro de opositores, la supresión de las libertades fundamentales de los nicaragüenses y a la vez haciendo el llamado una vez más el régimen Ortega-Murillo a aceptar el ofrecimiento de esa instancia de «un diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos que azota a Nicaragua desde 2018».
En el informe de actualización oral, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), deja claro que continúan documentando «graves violaciones de derechos humanos» que han tenido lugar en Nicaragua a partir de 2018 y se declaró «desalentada» por la falta de medidas para evitar que ocurran tales violaciones y señaló que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue distanciándose «de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales».
«El Gobierno (de Daniel Ortega) ha atacado sistemáticamente a dirigentes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por expresar opiniones diferentes», denunció en su informe la OACNUDH.
