Durante una reunión convocada para celebrar el cierre del trigésimo noveno periodo legislativo, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo; desató un discurso de odio y burla hacia los opositores que el régimen sandinista encarceló por razones arbitrarias.
El funcionario sandinista declaró que «alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense». Generalmente, la dictadura orteguista castiga a los reos políticos eliminándoles ese derecho constitucional, y les imputa delitos de «conspiran para alterar la paz, e incitar al odio, la violencia y crimen organizado» para encarcelar, desterrar y desnacionalizar a las personas que cuestionen y critiquen su gobierno.
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Porras acusó a los exreos políticos de ser nicaragüenses que «destruyeron el país, renegaron de ser nicaragüenses, se entregaron a los brazos de los enemigos del imperio e hicieron traición a la patria». No obstante, el sancionado titular del Parlamento Nacional no presentó ninguna prueba que sostuviera sus quejas.
A pesar de que los exreos de conciencia se dirijan al régimen sandinista y a sus subordinados como «antidemocráticos», el presidente del Parlamento aseguró que hay países con más «democracia» que, en lugar de expulsar del país a los presos políticos, los «fusilan». «Nosotros simplemente les decimos: ‘Mirá, no podés ser nicaragüense. Andate, solo vivís renegando, andate», comentó en tono satírico.
Dictadura somocista encarceló a Ortega y no lo fusiló
Los reos políticos publicaron en sus redes sociales su opinión respecto a las declaraciones de odio realizadas por el funcionario orteguista. El periodista y exreo político Miguel Mendoza manifestó en su cuenta personal de X que «ahora que el ‘matón’ y ‘ladrón’ de Gustavo Porras ha dicho que los desterrados agradezcamos que no nos fusilaron, recordé a un interrogador de El Chipote que me dijo: ‘Si esta fuera una dictadura estuvieran muertos todos ustedes, porque las dictaduras matan, y aquí siguen vivos’».
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«Le respondí que no era cierto, porque Somoza siendo dictador tuvo preso a Ortega y a otros sandinistas, como Tomás Borge, y salieron vivos para contar la historia. Aunque Ortega no era preso político, en la época de Somoza estuvo preso siete años por ladrón», denunció Mendoza, quien fue desterrado a Estados Unidos.
Traicionar mis ideales sería como escupir en la cara a mis padres
Por su parte, el activista y exreo político Yubrank Suazo aseguró en la misma red social que «nunca pidió clemencia» a los Policías que lo custodiaban en El Chipote, cárcel donde estuvo encarcelado durante dos ocasiones: entre septiembre de 2018 y 11 de junio de 2019 (cuando salió bajo la cuestionada Ley de Amnistía y luego entre el 18 de mayo de 2022 y el nueve de febrero de 2023 (cuando fue desterrado a Estados Unidos).
«Recuerdo haberles dicho en una de las tantas entrevistas: ‘Prefiero quedarme preso el tiempo que sea, pero jamás traicionaré mis ideales. Hacerlo sería como golpear y escupir a la cara a mi mamá y mi papá. Nunca lo sometería a una condena moral», aseguró Suazo, que actualmente se está formando como psicólogo fuera del país.
El periodista y exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora, expresó que los dictadores y sus funcionarios «se creen dueños de la vida y muerte». Agregó que están «cegados de poder» y que ahora los reos políticos «deben agradecerles por estar vivos».
El destierro de 222 presos políticos
La noche del nueve de febrero de 2023, el régimen de los Ortega-Murillo cedía ante la presión nacional e internacional, y excarcelaba a 222 reos de conciencia, tras un largo y difícil proceso de «diplomacia encubierta». El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, no forma parte de ese grupo porque se negó a subir al avión que, a cambio de convertirse en desterrado, lo llevaría a la libertad.
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Luego de su destierro y desnacionalización, el magistrado orteguista Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) proceder con la confiscación de todos los bienes que tengan inscritos los 222 presos políticos.
La orden de consumar el robo del patrimonio personal y familiar de los opositores desterrados, fue dada este viernes, mediante un escrito enviado por Rothschuh a la Procuradora Wendy Carolina Morales, quien notifica que debe cumplir la resolución de ese tribunal orteguista y en consecuencia le ordena «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de los bienes que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil».
Pese a que el nueve de febrero, el régimen de Ortega excarceló y desterró a 222 opositores, muchos no han podido reunirse con sus familiares; además han manifestado que tienen dificultades para poder trabajar.