Tras ser reelegida en su cargo de fiscal general de la República, la exguerrillera y excomisionada general de la Policía orteguista, Ana Julia Guido Ochoa, fue juramentada el sábado, 12 de agosto, por el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
La juramentación de Guido Ochoa se efectuó durante una sesión especial celebrada en Nandaime, Granada, por la conmemoración del 154 aniversario del fallecimiento de José Dolores Estrada.
«Compañeros prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales, ante el pueblo y por su honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo que se les ha conferido», dijo Porras al momento de juramentar a Guido y a Julio César González, como fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente.
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Asimismo, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional aseguró que fue una «sabia decisión» la que tomaron Daniel Ortega y Rosario Murillo al sugerir que Guido y González continúen desempeñando sus cargos.
«Ana Julia es una mujer que ha labrado su historia, que ha construido su lucha. Mujer guerrillera, mujer vencedora, mujer que fue subdirectora de nuestra Policía Nacional. Ella tiene la condecoración de ser sancionada por el imperio que es el reconocimiento a su labor», subrayó Porras.
El viernes 11 de agosto, el Parlamento nicaragüense ratificó a Ana Julia Guido como fiscal general de la República, con 89 votos a favor, mientras que el expolicía Julio César González fue reelecto con 87 votos, como fiscal adjunto.
Guido acumula nueve años en ese cago. Se inició en el Ministerio Público en el 2007 como adjunta y en 2014 la promovieron a fiscal general, en sustitución del veterano abogado Julio Centeno Gómez.
Actualmente se encontraba desempeñando el cargo con período vencido. Fue sancionada en 2020 por el gobierno de Estados Unidos por ser parte de la estructura represiva del régimen sandinista.
La exguerrillera y expolicía es conocida por obediencia ciega al dictador Daniel Ortega. Bajo su administración, la Fiscalía ha sido utilizada por el tirano como una «fábrica de juicios inventado», para condenar y desterrar a opositores, así como para encubrir crimines del régimen al que le sirve.
