En su ola de asedios contra la Iglesia Católica, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a doce sacerdotes nicaragüenses a la Santa Sede, mediante un acuerdo realizado entre el régimen y el Vaticano. Aunque se desconocía su estado y si aún ejercían sus deberes religiosos, recientemente fue difundido un vídeo en la red social TikTok de los clérigos.
En el vídeo, se observa a los doce religiosos celebrando una eucaristía en Roma, Italia; donde, vestidos con sotanas moradas, van de camino hacia el altar del Santísimo. Esta es la primera vez que se ve al grupo de sacerdotes, después de que el régimen los persiguió, acusó de supuestos delitos comunes, encarceló, hasta que finalmente los expulsó de Nicaragua.
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El economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro expresó su satisfacción ante esta situación en su cuenta oficial de X. «Qué bien poderlos ver sanos y lejos de la cárcel, la que compartí con algunos. La persecución religiosa en Nicaragua es una realidad que estos hombres de religión sufrieron con su encarcelamiento injusto», manifestó.
Por su parte, Israel González Espinoza, periodista nicaragüense exiliado en España, declaró en la misma red social que «ni la Santa Sede ni Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se han manifestado sobre cuáles serán las nuevas tareas pastorales de los sacerdotes desterrados».
Los nombres de los sacerdotes nicaragüenses asentados en Roma corresponden a: Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, y Ramón Angulo Reyes.
Acusados de delitos comunes
El primer sacerdote de la lista de desterrados es el padre Salvador García, de la parroquia de Nandaime, quien había sido encarcelado bajo la acusación de agresión física contra una mujer, la que luego se retractó de acusar al religioso y el régimen, en represalia, la acusó a ella por falso testimonio. La mujer responde al nombre de Martha Candelaria Rivas y aun permanece encerrada en el penitenciario de mujeres conocido como «La Esperanza».
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El segundo de la lista es el padre José Leonardo Urbina Rodríguez, también acusado por delito común de supuestamente haber abusado sexualmente de una menor en Boaco. Durante la audiencia judicial, incluso, la dictadura llevó a supuestos parientes de la niña víctima y los lanzó a insultar e intentar agredir físicamente al cura.
Los otros sacerdotes fueron capturados por pronunciarse y pedir oración a favor del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Los religiosos fueron secuestrados en municipios como Mulukukú; El Cuá, Jinotega; y otras zonas alejadas de Estelí y Nueva Segovia.
Tras el destierro de los religiosos realizado el 19 de octubre, excepto el de monseñor Rolando Álvarez, quien sigue cautivo en celdas de máxima seguridad de La Modelo, la dictadura de Ortega afirmó que «no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses, y este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría».
