El régimen de Nicaragua, encabezado por el binomio Ortega-Murillo, le asignó a la cuestionada Contraloría General de la República (CGR) un presupuesto de 283 millones 704 mil 704 córdobas para el próximo año, según el Presupuesto General de la República (PGR) 2024, disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
El MHCP es el encargado de asignar los fondos del PGR a las instituciones del Estado, entes descentralizados, alcaldías, entre otros. La CGR es designada para «fiscalizar» la ejecución de la partida presupuestaria, pero su trabajo es poco o nulo, según han revelado diversas denuncias de organismos y centros de pensamiento que han develado la «inoperancia» en dicha institución.
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La entidad es cuestionada por las nulas funciones de fiscalización a las instituciones del Estado que son señaladas por diversos países y organismos internacionales de ser corruptas, además de apoyar la represión de la dictadura contra la ciudadanía.
La investigadora Martha Patricia Molina, experta en temas anticorrupción, dijo a Artículo 66 que la CGR es la institución pública «más inoperante que existe en Nicaragua». Refiere que la entidad «debería ser la mejor porque es el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado».
En los últimos seis años, desde 2019 y 2024, el MHCP le asignó a la CGR un total de 1 mil 256 millones 493 mil 49 córdobas, según registros públicos consultados por este medio de comunicación.
Según los presupuestos de los últimos seis años, en 2019 la CGR recibió un total de C$ 250 millones 351 mil 602; en 2020 le recetaron C$ 234 millones 802 mil 743; en 2021 recibió C$ 234 millones 803 mil.
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En 2022 le fueron transferidos C$ 252 millones 831 mil córdobas; este 2023 le fue asignado un monto de C$ 265 millones 498 mil. Para 2024 los fondos crecieron en más de 18 millones de córdobas, elevando su pedazo del pastel a C$ 283 millones 704 mil 704.
El documento del MHCP detalla que C$ 114 millones 721 mil 207 serán destinados a actividades administrativas y apoyo técnico de la gestión institucional, C$ 119 millones 244 mil 973 se utilizarán a la fiscalización y control externo gubernamental.
Además, C$ 34 millones 905 mil 953 para asesoría legal y gestión judicial en la administración pública. Finalmente, C$ 14 millones 832 mil 571 para el fortalecimiento de las capacidades técnicas gubernamentales para el desarrollo del sistema de control interno.
¿Sobresueldos?
Solo en el pago de salarios de personal permanente, la CGR destinará el próximo año un total de C$ 132 millones 612 mil 237; C$ 12 millones 390 mil 491 para el pago de aguinaldo o décimo tercer mes; C$ 1 millón 50 mil de horas extras.
También detalles que C$ 16 millones 73 mil 650 serán entregados en concepto de retribución por antigüedad; C$ 22 millones 604 mil 219 en «beneficios sociales al trabajador» y 8 millones 858 mil córdobas en «otras retribuciones adicionales al personal permanente».
Según el Informe de Gestión Anual de la CGR de 2022, se investigó a 251 entidades públicas existentes en el país, pero no fiscalizaron a 60 de ellas. Molina critica que el documento oficial no detalla cuáles son las que no fueron investigadas.
«Supongo que son aquellas (instituciones) donde la pareja presidencial no permite el acceso de los auditores para no dejar más evidencia de los procesos de corrupción que ejecutan», mencionó.
Funcionarios con «preparación básica»
La CGR está conformada por 417 funcionarios; 2 poseen título de doctorado, 57 títulos de maestría, 49 títulos de postgrado, 197 estudios universitarios. El resto del personal posee estudios técnicos, de bachillerato o primaria.
«De los 417 trabajadores que existen en esa institución el 0.48 % de los servidores públicos poseen estudios a nivel de doctorado, el 10.79 % concluyeron sus estudios a nivel de maestría y el 10.55 % de posgrado, el 49.64% universitarios, lo que significa que la CGR debería de invertir mas en capacitaciones o contratar a personal calificado», analizó Molina.
El pasado 18 de octubre fueron designados nuevamente en el Consejo Superior de la CGR María José Mejía García, María Dolores Alemán Cardenal (hija del expresidente Arnoldo Alemán, acusado de corrupción), y Vicente Isabel Chávez Fajardo. El Consejo lo completan Luis Alberto Rodríguez Jiménez y Elba Lucía Velásquez Cerda.
Los cargos de contralores suplentes fueron asignados a Christian de Jesús Pichardo Ramírez (que fue reelecto), Lorena Concepción Valle Sotomayor y María Laviana Herrera Marenco.
En 2022, la miembro propietaria de Consejo Superior de la CGR, Marisol Castillo Bellido, presentó ante la Asamblea Nacional su renuncia al cargo. El puesto lo ocupaba desde abril de 2014. Castillo es esposa de Lenin Cerna, director en los años 80 de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE). Cerna fue sancionado por Estados Unidos en octubre de 2022 por ser cómplice de la represión estatal.
Los insólitos gastos
Durante el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR) utilizó unos 60 mil córdobas de su presupuesto para comprar «chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería» y unos 78 mil córdobas en materiales y suministros odontológicos, según una investigación de Artículo 66.
«Parece que el exceso de azúcar que consumieron en el 2020, perjudicó la salud bucal de los contralores que decidieron aumentarle 15 mil córdobas a esta partida», destaca el despacho periodístico.
Según la página web del Sistema de Compras del Estado (Siscae), la CGR gastó ese año más de 93 mil córdobas de su presupuesto en una lista que incluye 21 artículos de uso odontológico.
Entre los productos comprados por la CGR figuran piezas manuales o accesorios para uso odontológico, kits de cementación, Mepivacaína (anestesia), refrescadores de aliento y limas o curetas dentales.
Se ha «salvado» de las sanciones
Las sanciones de Estados Unidos no han alcanzado aún a la CGR, pese a su papel raquítico en la fiscalización de la ejecución del Presupuesto, que más bien se perfila como cómplice del despilfarro sandinista. Pero las instituciones que no se ha capeado son Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP).
La CGR fue creada el 20 de septiembre de 1979 por la primera dictadura sandinista, según el decreto número 86 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, sustituyendo al entonces Tribunal de Cuentas de la dictadura Somocista.