La dictadura Ortega-Murillo ordenó la reforma a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) y purgó de la comisión que dirige esa instancia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), eliminando de esta forma todo control judicial sobre el lavado de dinero y confirmando a la vez la purga iniciada por la pareja en el poder contra el Poder Judicial.
Los diputados de la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura sandinista aprobaron la Ley 1201, mediante la cual reforman el articulo 6, de la Ley 977, «Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», según informa la gaceta diario Oficial de este viernes 26 de abril.
Noticia relacionada: Reforman Ley del Consejo Antilavado y purgan de esa instancia a la Corte Suprema de Justicia
El artículo 6 de la Ley, antes de la modificación, definía a los integrantes del Consejo que rige la instancia de Antilavado, donde estaban integradas, entre otras instituciones, la (CSJ), como institución garante de la aplicación de justicia en los casos que competen a la norma contra el lavado de activos y la corrupción, y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), el ente que funciona como la «superintendencia» de las instituciones microfinancieras.
Para el economista y dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, la reforma a la instancia de vigilancia de antilavado ordenada por la dictadura claramente denota que el objetivo era purgar de ese consejo al Poder Judicial e incorporar a dos personajes comprometidos con la represión y de los más leales a Ortega.
Asimismo, Chamorro sostiene que, la eliminación del máximo tribunal de justicia del Consejo de Antilavado, confirma, «la purga», de que está siendo objeto la Corte. Y, para el caso de la microfinanciera, Ortega eliminó la poca fiscalización que quedaba ahí.
Rusia habría instado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a acusar formalmente a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto delito de «genocidio» en la Franja de Gaza, en Palestina, según reveló el medio de comunicación estadounidense POLITICO.
Funcionarios de inteligencia y diplomáticos occidentales expresaron al portal informativo que Rusia, quien es uno de los aliados más «prominentes» de la dictadura sandinista, «probablemente presionó a sus aliados en Nicaragua para utilizar la llamada Convención sobre Genocidio de 1948 y perseguir a Alemania ante la CIJ».
Una de las fuentes afirmó que los nicaragüenses «no tienen motivos para involucrarse en un conflicto sobre el Medio Oriente».
Noticia relacionada: Dictadura Ortega-Murillo exhibe «descarada hipocresía» al demandar a Alemania ante la CIJ
Los informantes dijeron que la acusación de Nicaragua contra Alemania «sorprendió a muchos observadores en Berlín y más allá», ya que una semana antes de que la pareja dictatorial presentara la demanda, el pasado primero de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo que ambas naciones mantenían una «estrecha amistad».
«Dado que la CIJ no ha establecido que haya ocurrido un genocidio, Alemania no puede ser culpable de actuar como cómplice. Es más, no existe ningún precedente para acusar a un tercer país de responsabilidad por crímenes de guerra cometidos por otro», explicaron los expertos.
Por el momento, los funcionarios apuntaron que Rusia «utilizará el caso de Nicaragua contra Alemania y el proceso separado de genocidio iniciado por Sudáfrica contra Israel para socavar la legitimidad del tribunal» y, además, «argumentar a través de sus canales de propaganda que Rusia es víctima de un doble rasero».
«Rusia dirá: ‘estás impulsando casos contra nosotros pero estás apoyando a Israel por lo mismo. Así socava la autoridad de la CIJ», señaló uno de los informantes.
La hija del político y diputado indígena Brooklyn Rivera, Tininiska Rivera, denunció al medio de comunicación independiente Nicaragua Investiga que los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le han dicho en tres ocasiones que su padre ha fallecido y no le dan mayor información.
Noticia relacionada: OACNUDH insta al régimen de Ortega a liberar a Brooklyn Rivera, tras cuatro meses desaparecido
Desde que fue arrestado en septiembre de 2023, los familiares del diputado no lo han visto e incluso «lo han buscado en varios hospitales» como un intento de averiguar su paradero y actual estado de salud. «Creo que esas noticias falsas son del mismo gobierno para preocupar a la familia y a la población en general», lamentó la hija del líder político.
Rivera afirmó que las instituciones públicas de Bilwi, en Puerto Cabezas, Costa Caribe, son las que le notificaron sobre la supuesta muerte del político indígena. Otro rumor que ha escuchado es que «está enfermo y lo tienen en un hospital».
«Son informaciones que como familia nunca corroboramos. No lo hemos visto, no sabemos nada de él, no sabemos ni siquiera en qué estación de policía se encuentra, si lo tienen en El Chipote o en La Modelo. No sabemos nada, no tenemos ninguna información», denunció.
Rivera indicó que lo único que le han dicho sobre el caso de su padre es que está «en manos de la Presidencia» y que «no siguiéramos preguntando porque el que lo haga va a ir preso».