Durante el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR) utilizó unos 60 mil córdobas de su presupuesto para comprar “chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería” y unos 78 mil córdobas en materiales y suministros odontológicos.
Este año, parece que el exceso de azúcar que consumieron en el 2020, perjudicó la salud bucal de los contralores que decidieron aumentarle 15 mil córdobas a esta partida.
Según la página web del Sistema de Compras del Estado (Siscae), la CGR ha gastado este año más de 93 mil córdobas de su presupuesto en una lista que incluye 21 artículos de uso odontológico. Entre los productos comprados por la CGR figuran piezas manuales o accesorios para uso odontológico, kits de cementación, Mepivacaína (anestesia), refrescadores de aliento y limas o curetas dentales.
“Además que la institución no realiza correctamente su trabajo está mal gastando el dinero que proviene de los contribuyentes”, cuestionó la abogada Martha Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
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Aunque el presupuesto asignado para este año a la CGR se mantuvo en 234 millones de córdobas, el presupuesto para la compra de materiales y suministros se redujo ligeramente de unos 10 millones de córdobas asignados el año pasado a 9 millones en el 2021.
El renglón 352 del presupuesto para compra de productos farmacéuticos y medicinales tiene asignados 200 mil córdobas. Casi la mitad de ese monto se ha usado para comprar material y suministros odontológicos en los últimos dos años.
Los cuatro proveedores contratados por la CGR son: Suministros Dentales, S. A., Implantes de Nicaragua, S.A., Terán Internacional, S.A. y Musu’s Farma, esta última contratada bajo el nombre de su representante Marcos Gómez Pichardo.
Empresas beneficiadas
Aunque el SISCAE no especifica la cantidad de artículos comprados por la CGR, sí muestra que Implantes de Nicaragua, S.A. recibió arriba de 33 mil córdobas por el contrato. En su página web, esa compañía dice que “es una empresa dedicada a la educación, distribución y comercialización de productos y equipos relacionados con implantes dentales”.
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Molina hace hincapié en que la función de la CGR es dirigir el sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, “no es una empresa para proporcionar servicios dentales”.
La compra de artículos de uso básico como insumos de oficina, repuestos para vehículos y combustibles debería ser el destino lógico de este dinero. Sin embargo, llama la atención del Observatorio que se está utilizando para adquirir “artículos superfluos”.
¿Qué dice la Ley?
El artículo 49 del reglamento de la ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, ley 737, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 239 y 240 del 15 y 16 de Diciembre del 2010, establece que “la planificación de las contrataciones deben ser coherentes con la planificación estratégica de la propia entidad contratante y responder a los objetivos estratégicos, misión y visión de la misma, en función de los cuales se programarán y efectuarán las adquisiciones y contrataciones de la misma”.
Con base en lo anterior queda claro que los funcionarios de la CGR están haciendo un mal uso de los fondos que provienen de los impuestos que pagan los nicaragüenses. “En principio, aunque el fin sea un beneficio social, no se deberían comprar esos productos con el dinero del presupuesto, porque para eso existen los pagos de seguro social”, declaró Molina.
Por otra parte, el artículo 83 de la misma ley 737 dice que el acceso a la información de los procedimientos de contratación publicados en el SISCAE “debe ser accesible a la población general”. Pero este portal es un laberinto diseñado para ocultar información que debe ser pública.