La Unión Europea (UE) acordó relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, algunos con dictaduras abiertas, como la de Daniel Ortega en Nicaragua, según un comunicado publicado este lunes, 27 de noviembre. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la ayuda, enviada en situaciones de crisis, a las organizaciones humanitarias, de acuerdo a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La UE, conformada por 27 países, optó por introducir excepciones en las restricciones que el bloque aplica a personas o entidades en las dictaduras de Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela y Zimbabue.
En el informe, se especificó que las organizaciones y agencias certificadas como socios humanitarios de la UE, o de sus Estados miembros «pueden realizar transacciones con personas y entidades incluidas en la lista anterior, sin autorización previa, siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria» o si deben «apoyar otras actividades que atiendan las necesidades humanas básicas de las personas necesitadas».
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Según afirmó la organización internacional, esta decisión «aumenta la estabilidad y la coherencia entre los regímenes con medidas restrictivas de la UE, y con los adoptados en las Naciones Unidas o por otros socios internacionales», ya que el principal objetivo de la organización es «salvaguardar la acción humanitaria basada en principios que desarrollan agentes imparciales».
Además, la UE decidió «revisar periódicamente» las excepciones humanitarias de los diez regímenes involucrados, «con el fin de evaluar su adecuación» y, en caso de ser necesario, «adaptarlos en el futuro». El organismo defendió la flexibilidad en sus sanciones porque aseguraron que transmiten un «mensaje enérgico» a los operadores humanitarios y económicos, así como a las personas que necesitan de su apoyo.
En el comunicado hicieron énfasis en que «las sanciones de la UE no obstaculizan la prestación de ayuda humanitaria» y que, al contrario, demuestran «la firme determinación de la UE de evitar las consecuencias negativas no deseadas de las sanciones en la acción humanitaria» así como la importancia concedida a la «plena adhesión al Derecho internacional en la política de sanciones».
UE sancionó a Nicaragua
La Unión Europea anunció en octubre de 2023 que había extendido por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las sanciones aplicadas de manera individual y específica contra funcionarios y operadores políticos del régimen de Nicaragua, por la «deteriorada situación política y social» que vive el país, según destacaron varias agencias de noticias internacionales.
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Las sanciones, que fueron aprobadas por primera vez en 2019, fueron aplicadas de manera directa contra 23 personas y a tres entidades, entre ellas a la vicedictadora y vocera gubernamental, Rosario Murillo. De acuerdo con las sanciones, ninguno de los perjudicados puede obtener autorización para entrar a los países comunitarios. Además de eso, todo el que esté en la lista de sancionados y tenga bienes, negocios, cuentas bancarias o cualquier otro tipo de activos en alguno de esos países, le son congelados, además que los ciudadanos de la Unión Europea no pueden hacer negocios con los sancionados.
Los Estados integrantes de la UE han denunciado reiteradamente la crisis política que se vive en Nicaragua, además que no han reconocido el resultado de las votaciones generales de noviembre de 2021, en las que los dictadores Ortega y Murillo se autoproclamaron vencedores tras un proceso en el que encarcelaron a todos sus contendientes, a los activistas opositores de más alto perfil y eliminaron a las organizaciones políticas que podían hacerle contrapeso.