Danny Ramírez Ayérdiz es un abogado y migrante nicaragüense que llegó a Argentina a estudiar un doctorado en 2019, el destino lo empujó a fundar el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh). Su trabajo en una organización no gubernamental en Nicaragua lo obligó a tomar la difícil situación de no regresar a su país y establecerse en la capital, Buenos Aires. La ONG donde colaboraba en Managua se solidarizó y apoyó a los familiares de presos políticos. Ramírez considera que Daniel y Rosario ejecutó una represión dirigida contra las personas más pobres, «una represión de clase».
«Vos te podés fijar que antes de la inconstitucional ley de amnistía el 90 % de las y los presos políticos eran personas pobres, entonces ahí es donde vos te ponés a pensar cómo un gobierno que dice estar basado en las clases populares, sus armas y sus calabozos los destina a los pobres de quienes dice que emana su legitimidad», dijo a Artículo 66.
«El Frente Sandinista de Liberación Nacional hace mucho que perdió su compromiso histórico con las clases populares y terminó de romperlo, en términos históricos si así lo queremos entender, cuando las fuerzas policiales y parapoliciales mataron sin piedad a la gente más humilde que asistía a las marchas o se resistían por una Nicaragua libre y democrática», añadió.
La idea de fundar un grupo de abogados defensores de derechos humanos surgió años antes de materializarse en abril de 2020. Ramírez junto a otros letrados de Nicaragua, Perú, Chile y Argentina idearon crear un centro que brindara asesoría y acompañamiento legal a personas que buscan justicia internacional cuando en sus países, los órganos internos que le deben protección a las víctimas no lo quieren hacer o simplemente son conscientes y las ignoran.
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Así fue como nació Calidh, bajo el deseo de justicia por las personas y grupos más vulnerables de Latinoamérica, víctimas de la violencia estructural como la pobreza, o la violencia institucional, como la perpetrada por el régimen nicaragüense.
Ramírez explicó a este medio de comunicación que la misión del centro es promover, defender y aportar a la justiciabilidad de los derechos humanos, en especial, los de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en Latinoamérica. En otras palabras, Calidh busca formar expertas y expertos, activistas de organizaciones de base de la región, que no cuenten con herramientas para llevar sus casos ante los órganos de derechos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Pretendemos que personas y grupos que en sus países hayan sido ignorados por las instancias estatales tengan oportunidad de buscar alternativas de justicia por los derechos que les han sido negados continuamente, sobre todo en países con graves retrocesos democráticos, como el caso nicaragüense», afirmó el jurista.
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El nicaragüense es coordinador del área de litigio Internacional de Calidh, una de las tres ramas que atiende la organización. Además, trabajan un programa de formación de activistas y abogados/as en herramientas de derechos humanos y el programa académico “Toma la Palabra”, con el que buscan que líderes, activistas y referentes de organizaciones sociales puedan ocupar espacios académicos como las publicaciones como las revistas científicas.
«Queremos que la voz legítima de quienes viven y acompañan a las poblaciones que sufren el desprecio de las clases gobernantes y los grupos económicos tengan herramientas suficientes para que nadie hable por ellos y puedan escribir en esos círculos tan cerrados. En los últimos dos programas, por ahora estamos dirigiendo talleres a personas de diversos movimientos sociales de Argentina, Perú, Paraguay y Colombia», explicó.
Las denuncias internacionales por la crisis de Nicaragua
Actualmente dan seguimiento al desarrollo de la situación de los derechos humanos de países que viven graves retrocesos democráticos o de regímenes autoritarios, como en Nicaragua. «Para nosotros, el caso nicaragüense es el más grave de la región y a la vez el más controversial, porque en medio de toda la presión internacional, aún cuenta con muchos actores en todos los sectores, no solo en política, que defienden al gobierno Ortega-Murillo idealizando un pasado revolucionario que el propio Frente Sandinista liquidó, lo que no quiere decir que sus logros en el pasado no sean dignos de recordar y sus errores necesarios de pasarlos por un proceso de justicia transicional», argumentó.
La organización tiene varios casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, preparan el envío de varias denuncias contra el Estado de Nicaragua también ante la CIDH de estudiantes que fueron expulsados, asediados y forzados al exilio a diversas partes de la región; una denuncia sobre estudiantes y funcionarios de una de las universidades que fueron confiscadas. «A ellos se les ha violentado su derecho a la educación, la libertad de asociación y de expresión aun cuando el gobierno “ofrezca” posibilidades de continuar sus estudios», enfatizó.
«Otro caso relevante que está pronto a presentarse es el de la doctora Yonarqui Martínez, relevante defensora y cara protagónica de la defensa de las y los presos políticos en Nicaragua. Queremos poner en conocimiento de la Comisión Interamericana los años de persecución, hostigamiento, amenazas a su integridad física y de sus familiares, un caso que nos parece relevante que el Estado de Nicaragua enfrente», agregó.
Calidh busca posicionarse como un espacio referente donde las personas y grupos que han sufrido violaciones de derechos humanos puedan encontrar el acompañamiento legal y gratuito que sus países les han negado; pretenden ayudar a formar a cientos de defensores y defensoras de derechos humanos en el uso de los mecanismos internacionales de denuncia para que no dependan de intermediarios para presentar sus casos y peticiones.
Plano personal
Danny Ramírez Ayérdiz tiene 32 años. Se graduó como abogado en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). En Nicaragua laboró como consultor para varias organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan con mujeres. Por cinco años fue profesor de derechos humanos en su misma casa de estudios. Estudió una Maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Actualmente, estudia dos doctorados, uno en derechos humanos en la Universidad Nacional de Lanús y otro en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de Calidh, es parte de ACT UP, una ONG argentina que lucha por resolver la crisis del VIH en el país. Además, colabora con una organización de personas de la diversidad sexual en la búsqueda de opciones de justicia internacional y pertenece al Grupo de estudios sobre Centroamérica de la UBA desde donde dan seguimiento a la situación nicaragüense.
