Los trabajadores del Estado que renuncien a sus puestos antes de cumplir tres años de labores ser irán sin pago por antigüedad, y quienes renuncien antes de cumplir los 10 años de laborar en la dependencia a penas les pagarán un mes de salario. La dictadura de Daniel Ortega reformó el Código del Trabajo del país y aprobó este jueves, 23 de noviembre de 2023, la nueva Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en casos de renuncia de los trabajadores del Estado.
El abogado Yader Morazán explicó durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, que esta maniobra es «una gran traición hacia los trabajadores del Estado por parte del gobierno», sobre todo, en tiempos donde la dictadura se sostiene precisamente por la labor de esos casi 170 mil servidores públicos.
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El abogado explicó que, según las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no necesariamente se tiene que cumplir el año para ganar un porcentaje proporcional a lo trabajado como indemnización. «Bajo esta nueva ley, en 3 años ganarás el mes de indemnización que antes te habrías ganado con un año de trabajo», mencionó el jurista.
Morazán destacó que «con esta nueva ley, tendrás que trabajar 20 años para lograr la indemnización máxima que es el salario de 5 meses. En comparación, antes con 6 años trabajados lograbas lo mismo». El abogado consideró que es «algo similar a lo que hicieron con la Policía donde se castigó la deserción. Es una manera de tenerlos secuestrados y que el Estado los mantenga bajo control».
Yader Morazán advirtió que «el gobierno aplica estas reformas de manera retroactiva, es decir, este cambio aplica aunque antes tuvieses más indemnización. Por lo que deja en una encrucijada a los trabajadores que querían renunciar o los casi mil trabajadores despedidos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)».
La dictadura argumentó que estos cambios son «una garantía del derecho del trabajador», sin embargo, el jurista expresó que «no hay ningún avance, esto en matemáticas simples te das cuenta de que es retroceso, no sé de qué manera lo justificarán los defensores del Estado, pero esto es un retroceso a antes de la dictadura de Somoza».
Morazán expresó que «la misma represión que se vive en todo el país se vive dentro de los organismos del gobierno e incluso es más invasiva. Tanto dentro como fuera del Estado hay opositores que, por distintas razones, se quedan en silencio». El jurista declaró que hay trabajadores del Estado que están en las instituciones desde antes de que Ortega regresar a la Presidencia, algunos que están en las instituciones desde que asumió doña Violeta Barrios de Chamorro el gobierno, en 1990, por lo que no se puede decir que todos los trabajadores apoyan a la dictadura.
El abogado expuso que «los trabajadores del Estado no pueden hablar de la situación socioeconómica en su trabajo, muchos prefieren encerrarse en sus oficinas para evitar comentarios que los puedan condenar».
A su vez, Morazán expresó que no pueden mencionar estos atropellos a sus sindicatos porque estos también están presionados o controlados por la dictadura de Daniel Ortega. El jurista dijo que «se volvieron solo medios propagandísticos del gobierno». El abogado dijo que «si los sindicatos no pueden protegerse ni a sí mismos, ahora imagina a un trabajador».
La nueva ley incluye a todos los trabajadores del sector público: A los cuatro Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como a los Entes Autónomos, Gubernamentales y los municipios y órganos de la Costa Caribe, según especifica la normativa.
La disposición protegió a los ministros, embajadores, asesores presidenciales, funcionarios y delegados que sean designados expresamente por Ortega, que de por sí tienen altos salarios y privilegios.
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«La indemnización por antigüedad en caso de renuncia no es aplicable para los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar cargos por nombramiento del presidente de la República», se lee en el artículo 5 de la nueva ley.
