Desde el pasado 24 de octubre inició una «barrida» en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por órdenes de Rosario Murillo. Diferentes funcionarios simpatizantes del régimen orteguista han sido destituidos de sus cargos, sin importar su conexión política, económica o familiar con la pareja dictatorial.
Entre la lista de políticos relegados e investigados se encuentra la propia presidenta de ese Poder del Estado, Alba Luz Ramos. Según denunció el abogado Yader Morazán, la magistrada fue sacada de su despacho y actualmente se encuentra bajo custodia policial e investigada por corrupción.
El régimen ignoró el significado detrás de un lazo sanguíneo al momento de continuar con los despidos. Esto quedó demostrado cuando cayó el primogénito del dictador Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, fruto de su relación con la guerrillera sandinista Leticia Herrera.
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Ortega Herrera era ingeniero en informática de profesión y llevaba más de una década trabajando en el Poder Judicial. El especialista en administración de justicia Morazán, quien tiene contactos dentro de esa dependencia, dijo que el hijo del tirano nicaragüense estaba colaborando en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Ante la noticia del despido del propio hijo del dictador, el abogado Álvaro Leiva consideró que el mensaje que la dictadura quería mandar con esta decisión a los demás miembros de la CSJ y al pueblo nicaragüense en general, era que «Murillo (cuya animadversión contra Ortega Herrera deriva del hecho de que es hijo de su marido y de Leticia Herrera), no es solamente la ‘copresidenta’ sino que el poder que ha reunido, es superior al que ejerce el presidente».
El abogado Álvaro Leiva explicó a Artículo 66 que el objetivo de esta particular «limpieza política» en la CSJ es, como en todas las agresiones represivas: «consolidar, aún más el poder; fortalecer, aún más el terror de Estado; e intimidar aún más a la población».
Leiva consideró que la situación de asedio en el Poder Judicial llegaría «hasta donde la pareja gobernante (particularmente Murillo) considere que debe llegar, con la atención puesta, prioritariamente, en la elección presidencial programada para 2026». También denunció que a los despedidos del Poder Judicial, «no se les está pagando ninguna de las prestaciones a las que legalmente tienen derecho».
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Jeiby Bonilla González, estudiante del undécimo grado (quinto año de secundaria) e hijo del preso político Jimmy Bonilla, es el mejor alumno de bachillerato de Nicaragua en 2023 y en acto público para recibir el reconocimiento como tal, en presencia de operadores políticos de la dictadura, dedicó su logro a su padre Jimmy Bonilla «en ausencia» en un muestra de orgullo, amor y admiración a su progenitor, encarcelado por la dictadura Ortega-Murillo.
Al recibimiento también asistieron el alcalde de Nandaime, Róger Acevedo, junto a Francisco Vanegas y Pedro Morales, representantes locales de la dictadura y señalados de ser cómplices de la persecución a opositores y de la represión contra la Iglesia en ese municipio granadino.
Y fue ante esos personeros del régimen y durante una transmisión en la página de Facebook «Nandaime Sandinista» que el destacado estudiante agradeció a su madre, que siempre lo ha apoyado en los tiempos difíciles, a sus hermanos y a sus maestros.
También agradeció a sus docentes de primaria por darle «una educación bastante íntegra». Recordó cómo su abuela le enseñó a leer y fue quien le motivó a participar en el concurso departamental de lectura en voz alta durante su primer grado y aprovecho para alzar su voz y «en ausencia de mi papá, yo se lo dedico a él también».
El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, recibió la Medalla de Honor al Servicio de la Democracia 2023, otorgada anualmente por la Fundación Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Durante su discurso de agradecimiento, el jerarca expresó que ser galardonado con la medalla «no era solo un honor personal, sino un testimonio de la resiliencia colectiva del pueblo nicaragüense y del compromiso
«Hemos enfrentado el gobierno opresivo de una dictadura brutal y hemos sido testigos de la lenta erosión de los valores democráticos, que ha llevado a su completa desaparición», expresó monseñor Báez, que actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos. El obispo recalcó que la medalla es «testigo del coraje de los nicaragüenses que continúan resistiendo y perseverando».
Báez también exigió la liberación «inmediata e incondicional» del obispo Rolando Álvarez, que permanece como preso político en la cárcel «La Modelo» desde el pasado nueve de febrero, fecha en que se negó a ser desterrado hacia Estados Unidos aunque el régimen lo convirtió en un reo de conciencia desde agosto de 2022.
«Él ha sido injustamente encarcelado por proclamar la verdad, defender la justicia y caminar con los más pobres. Su compromiso pastoral es un signo de la fuerza imperecedera de la misión profética de nuestra iglesia», aseguró monseñor Báez, a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le arrebató su nacionalidad nicaragüense el 15 de febrero de este año.
