Desde el pasado 24 de octubre inició una «barrida» en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por órdenes de Rosario Murillo. Diferentes funcionarios simpatizantes del régimen orteguista han sido destituidos de sus cargos, sin importar su conexión política, económica o familiar con la pareja dictatorial. Entre la lista de políticos despedidos se encuentra la propia presidenta de ese Poder del Estado, Alba Luz Ramos. Según denunció el abogado Yader Morazán, la magistrada fue sacada de su despacho y actualmente se encuentra bajo custodia policial e investigada por corrupción.
EL régimen ignoró el significado detrás de un lazo sanguíneo al momento de continuar con los despidos. Esto quedó demostrado cuando cayó el primogénito del dictador Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, fruto de su relación con la guerrillera sandinista Leticia Herrera. Ortega Herrera era ingeniero en informática de profesión y llevaba más de una década trabajando en el Poder Judicial. El especialista en administración de justicia Morazán, quien tiene contactos dentro de esa dependencia, dijo que el hijo del tirano nicaragüense estaba colaborando en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Ante la noticia del despido del propio hijo del dictador, el abogado Álvaro Leiva consideró que el mensaje que la dictadura quería mandar con esta decisión a los demás miembros de la CSJ y al pueblo nicaragüense en general, era que «Murillo (cuya animadversión contra Ortega Herrera deriva del hecho de que es hijo de su marido y de Leticia Herrera), no es solamente la ‘copresidenta’ sino que el poder que ha reunido, es superior al que ejerce el presidente».
El abogado Álvaro Leiva explicó a Artículo 66 que el objetivo de esta particular «limpieza política» en la CSJ es, como en todas las agresiones represivas: «consolidar, aún más el poder; fortalecer, aún más el terror de Estado; e intimidar aún más a la población».
Leiva consideró que la situación de asedio en el Poder Judicial llegaría «hasta donde la pareja gobernante (particularmente Murillo) considere que debe llegar, con la atención puesta, prioritariamente, en la elección presidencial programada para 2026». También denunció que a los despedidos del Poder Judicial, «no se les está pagando ninguna de las prestaciones a las que legalmente tienen derecho».
Expuso que este tipo de casos de despidos implican violaciones a la legislación laboral vigente y que el régimen ejercería en práctica «las que sean necesarias para fortalecer aún más el control absoluto que tienen sobre la institucionalidad nicaragüense». «La ecuación política de Ortega y Murillo es terror, más la corrupción, que como resultado dan poder absoluto. Esa su fórmula para la perpetuación de la dictadura», denunció el abogado.
Todos los miembros de la CSJ son «descartables»
Dulce Porras, vicepresidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), comentó a Artículo 66 que el argumento que utiliza el régimen para justificar los despidos del CSJ es la corrupción, «pero, si de corrupción se tratara serían ellos los primeros en irse del país y dejar en paz al pueblo de Nicaragua, porque más corruptos que ellos no creo que haya». «Este es un asunto de poner lealtades antes que capacidades, y las lealtades son de la gente que la Murillo quiere en ese espacio», afirmó.
«Con respecto al despido del primogénito de Daniel Ortega, con eso le están diciendo a la militancia sandinista, a los que persisten y ahí están ‘parasitando’ con ellos todavía, que si se echan al ‘pico’ (despiden) al hijo de Daniel Ortega, pues con mucha más razón lo hacen con cualquiera de ellos, que son descartables», recalcó Porras.
«Ese es el mensaje que le están dando a los trabajadores en cuanto a la privación de sus liquidaciones. A toda esa gente la están mandando a la calle. Los despiden y les roban computadoras, tablets y teléfono desde allí es una gran arbitrariedad», explicó.
Algo que ya tenían planeado
Para Azahálea Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, el desmontaje total del Estado seguirá en marcha. «Está el caso de la Policía, que fue un desmontaje con menos publicidad que en el del Poder Judicial». También aseguró que la operación limpieza de la Corte Suprema de Justicia, es algo que afectará la «memoria judicial» y «tendrá graves efectos». «Los casos actuales que están siendo tramitados resultarán perjudicados, y seguramente también lo harán los derechos individuales de las personas que estaban llevando casos actualmente dentro del Poder Judicial», advirtió.
«Esto ha sido un desmontaje que había ocurrido paso a paso desde el 2006. Ya luego del 2007 y después de los siguientes años, el régimen comenzó a hacer una serie de de actos que eran contrarios a la ley y fueron acostumbrando al personal a ese sistema», subrayó Solís.
En el caso de la presidenta de la Corte, nombrada por la Asamblea Nacional, que fue sacada de su despacho por la Policía, la feminista expuso que las autoridades policiales debe apoyar los procesos judiciales y no están en facultades ir a sacar a nadie del Poder Judicial. «Hemos visto cómo se detuvo al diputado Rivera y a la suplente de él, Nancy Enriquez. Sencillamente, los borraron de la lista de la Asamblea Nacional, es decir, sin que haya habido una solicitud de quitarles la inmunidad».
A pesar de todo, Solís aseguró que este comportamiento no es nada extraño para un régimen que no cumple con la Constitución Política de Nicaragua y que se mantienen en el poder «con la convicción de que pueden hacer cualquier cosa al lado, al margen y por encima de la ley».