Por medio de la resolución ministerial 126-2023, publicada en La Gaceta, el régimen orteguista dio a conocer que le aplazaron la nacionalidad al cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, Rusia, Viktor Pavlovich Trukhin.
El acuerdo fue certificado por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y según La Gaceta, ya estaba dictada desde el pasado jueves, nueve de noviembre. El régimen decretó la pérdida de la nacionalidad por violar la Constitución Política al reportar entradas y salidas de Nicaragua usando indistintamente sus dos pasaportes.
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El ruso era muy cercano a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y fue despedido de su puesto de la dirección en un instituto estatal de alto nivel, en medio de acusaciones de un «fraude» que tiene que ver con la instalación de la planta farmacéutica Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov S.A., del cual la dictadura nicaragüense es socia.
Trukhin, que también se ha mostrado muy cercano al hijo de la pareja de dictadores, Laureano Ortega Murillo, es acusado de hacer un pago indebido al Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov por casi 6 millones de dólares. Del total de acciones de la empresa, un 66% pertenece a la Federación de Rusia. La dictadura de Nicaragua no se pronunció sobre la detención de su cónsul.
Diferentes expertos explicaron a Artículo 66 que la inesperada decisión de Ortega se debe a que el dictador salió «embarrado» a causa de las acusaciones de «fraude» imputadas a Trukhin. Previamente, el cónsul fue despedido de su puesto como director la planta farmacéutica del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov S.A., después huyó a su patria donde fue detenido por las autoridades rusas.
Para la historiadora e investigadora Dora María Téllez, Ortega le quitó la nacionalidad a Turkhin «porque seguramente se lo pidieron los rusos» para que este no tuviera «ninguna escapatoria». «En toda la ‘fiesta’ de corrupción que hicieron con Mechnikov están directamente involucrados los funcionarios del régimen de los Ortega-Murillo, que saben que desde hace años esa fábrica nunca se ha instalado».
Téllez aseguró que cuando una delegación rusa visitó las instalaciones del Instituto, lo que se hizo fue «contratar un montón de mesas, sillas y una parafernalia para simular que se está operando, pero esa fábrica nunca ha existido; de manera que siempre se supo que era una ‘mega estafa’, que servía para estar sacando dinero a Rusia y que había gente que se estaba lucrando con esa corrupción, y ese lucro involucraba directamente a Laureano Ortega».
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Desde el 24 de octubre del 2023, a partir de la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha atizado la «barrida» en el Poder Judicial. En total se cuentan unos 900 funcionarios despedidos, entre magistrados, jueces, administrativos, personal de informática y asesores.
En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), el exfuncionario judicial y especialista en administración de justicia Yader Morazán mencionó que otro de los funcionarios corrido fue el hijo del propio Daniel Ortega, de nombre Camilo Daniel Ortega Herrera, quien trabajó por más de una década en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Su madre fue la guerrillera Leticia Herrera y, a pesar de ser hijo de Daniel Ortega, se encuentra en el desempleo como otro colaborador más.
Por último, el 13 de noviembre de 2023 Morazán denuncia que la estructura menos afectada dentro del Poder Judicial fue la “juventud sandinista”, organismo fiel a la dictadura de Ortega y Murillo, asegura que están «casi intactos».
