Durante el período de sesiones 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentó el informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua. La Comisión conoció a detalle los cierres y las cancelaciones de Organismos No Gubernamentales (ONG), realizados por el régimen orteguista en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en 2018.
Amaru Ruíz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, comentó que «este cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y el retorno de la democracia».
Fundación del Río destacó por medio de un comunicado «que existe un impacto económico y laboral en el país por el cierre injustificado de estas organizaciones» y resaltó que entre las afectaciones se cuentan «más de 23 mil personas desempleadas, la desatención de 3,4 millones de beneficiarios de los proyectos sociales y comunitarios y la pérdida de 255 millones de dólares para la ejecución de proyectos de desarrollo al año».
La organización también resaltó el hecho de que muchas organizaciones fueron tomadas bajo la ocupación policial, congelamiento de sus cuentas, y la criminalización y persecución hacia sus integrantes. «Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica», lamentó Ruíz, que en su más reciente audiencia pública habló sobre los impactos de la minería ilegal que prolifera en el país.
La represión del régimen a las organizaciones
En el 188 Período de Audiencias de la CIDH, cebrado en Washintong D.C, Estados Unidos, la organización aprovechó para recalcar que en Nicaragua no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente y que «prevalece una postura de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno».
La CIDH constató la persistencia de campañas de desprestigio y estigmatización proferidas desde las más altas autoridades estatales en contra de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, como medios de comunicación independientes, religiosos, personas defensoras de derechos humanos y otros activistas, con el fin de deslegitimar sus labores y asociarles con actividades delictivas.
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«Se observó que, de las 3.390 organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos», informó la CIDH.
Por otra parte, el cierre masivo de organizaciones tendría «graves impactos para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales, humanitarios y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indigenas o afrodescendientes».
Organizaciones feministas también fueron afectadas
De acuerdo con la información recibida, 176 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres habrían sido afectadas. De este total, 55 trabajaban por el derecho a vivir libres de violencia, 34 por la autonomia económica y desarrollo rural, 21 por los derechos de los pueblos indigenas y/o afrodescendientes, 19 por los derechos de la niñez, jóvenes y adolescentes, 11 por los derechos sexuales y reproductivos, 10 por educación, 6 por los derechos laborales, 6 por derechos humanos en general, 5 por gobernabilidad y democracia, 5 por los derechos de personas con discapacidad y 4 por la cultura.
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En relación con el origen de las organizaciones canceladas, la CIDH registró que al menos 322 organizaciones extranjeras fueron afectadas, de las cuales, al menos 222 perseguian «objetivos de cooperación internacional para el desarrollo, fines humanitario y fortalecimiento de capacidades».
Algunas de las principales organizaciones afectadas se encuentran: Fundación Oxfam Intermon, Oxfam Ibis, Diakonia, Asociación Ayuda en Acción, la Asociación Austroprojek, Asociación Amistad, Ayuda y Desarrollo de Francia, el Fons Catala de Cooperacio al Desenvolupament.
