La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su profunda preocupación por las recientes acciones represivas que ha perpetrado la dictadura de Daniel Ortega contra los integrantes del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), así como los continuos ataques, criminalización y hostigamiento contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Mediante un comunicado, la CIDH detalló que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) le informó sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, a partir de la detención de líderes y lideresas, la cancelación de la personería jurídica del partido Yatama -uno de los principales de oposición de esa región y un antiguo aliado del FSLN-, el cierre de radios indígenas y permanentes ataques de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar a las comunidades de sus territorios.
En ese sentido, el organismo continental y su relatoría subrayaron que «estos hechos forman parte de una estrategia represiva desplegada por el Ejecutivo para afianzar un régimen de concentración del poder y quebrantamiento del sistema democrático, mediante el silenciamiento de las voces críticas al gobierno como las comunidades indígenas, en particular de cara a las elecciones regionales programadas para el 2024».
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La CIDH fue informada sobre la detención del diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera, así como la representante legal y la diputada suplente del partido indígena, Nancy Elizabeth Henríquez. «Hasta el momento, no se tiene información sobre los motivos de las detenciones, la situación jurídica, ni el paradero de ambas personas», apuntaron.
«El 4 de octubre, el Consejo Supremo Electoral notificó la cancelación de la personería jurídica del partido Yatama al considerar que su representante legal y directivos habían manifestado públicamente un discurso que “tergiversa la realidad del país”, en contravención a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», agregaron.
En su informe Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, la CIDH señaló que la cancelación de la personería jurídica de los partidos de oposición mediante la aplicación de dicha ley y con el fin de restringir arbitrariamente la competencia electoral, resultaría contraria al ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y asociación y otros derechos, especialmente en un contexto de falta de independencia del CSE.
La CIDH y la RELE también indicaron que aunado a los hechos mencionados, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó el cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam, administradas por Yatama.
Además, detallaron que observan con preocupación el impacto que el cierre de las emisoras tiene en los pueblos indígenas «como herramienta para la participación en el debate público, y para la difusión continua de las culturas, derechos y lenguas indígenas, en un contexto de histórica discriminación y exclusión».
Asimismo, los organismos alertaron sobre el incremento de «zonas de silencio» en Nicaragua, donde existe una limitada o nula cobertura de medios independientes. «La expansión de estas zonas impacta severamente el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, y constituye un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno», denunciaron.
La CIDH y la RELE instaron a la administración de Ortega Murillo a cesar la represión contra las comunidades indígenas, contra las personas integrantes del partido indígena Yatama, y a respetar y garantizar las libertades fundamentales.
También urgen al régimen orteguista «a informar de inmediato» sobre el paradero de las personas detenidas y el estado de salud; garantizar los derechos al debido proceso y a una defensa adecuada mediante el contacto regular e irrestricto con quienes se desempeñan como representante legal y con las familias.
Y, por último, la CIDH demandó al Estado de Nicaragua «la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis» que vive el país desde abril de 2018.
