El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza informó que ha decidido renovar las sanciones impuestas contra 21 funcionarios y tres instituciones de la administración de Daniel Ortega debido a las graves violaciones a los derechos humanos y el socavamiento de la democracia en el país.
La renovación de estas sanciones entró en vigor este 24 de octubre. Tendrán una vigencia de un año más, en el que se evaluará la situación del país centroamericano. En la lista de sancionados se encuentran la vicemandataria de Nicaragua Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
En la lista también se incluyen Sonia Castro, exministra de Salud, Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz; el comisionado general Juan Antonio Valle Valle, la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; y la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janett Díaz Flores.
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Las sanciones para todos son individuales, aclara el comunicado oficial. Aplica en lo financiero, es decir, los orteguistas sancionados no pueden tener cuentas bancarias ni negocios de ningún tipo en ese país europeo donde radican los más prestigiosos bancos del mundo. Además, la medida les prohíbe circular por ese Estado.
Las personas sancionadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de Suiza poner fondos a su disposición. También tienen prohibido viajar o transitar en ese país.
Las instituciones sancionadas por el país europeo son la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Consejo Supremo Electoral, todas estas piezas claves en la represión orquestada por Ortega.
Sanciones muestran que Nicaragua sigue siendo un tema de preocupación
Para los opositores Héctor Mairena y Enrique Martínez, la prolongación de estas sanciones impuestas por Suiza al círculo represor del régimen orteguista están alineadas con la preocupación de la Unión Europea (UE) sobre la crisis que prevalece en Nicaragua.
La decisión de Suiza «responde a dos cosas; primero que Nicaragua sigue siendo preocupación en Europa sobre la situación de los derechos humanos, la falta de democracia, la represión que se mantiene; eso quiere decir también que en tanto se mantienen las causas que provocaron esas sanciones, estas son ratificadas y prolongadas», dijo Mairena, miembro del Consejo Político de la Unab, a Artículo 66.
Por su parte, Enrique Martínez apuntó que «la posición de Suiza de renovar el paquete de sanciones en contra de Nicaragua no esta desapartada con la preocupación de la Unión Europea sobre la crisis de Nicaragua, en donde ya sabemos que la represión se mantiene, la persecución a la Iglesia católica, que vulnera el derecho a la libertad religiosa; la censura, que vulnera el derecho a la libertad de expresión».
«También se suma dos agravantes más, el tema geopolítico de las relaciones que ha estabecido Nicaragua recientemente con Rusia, China, Irán, Palestina, Corea del Norte y el tema migratorio, que Nicaragua esta nadando contra la corriente y esta utilizando el país como un escenario para movilizar migrantes para Estados Unidos y no desde la visión del derecho humano a migrar sino que en este proceso ya se ha indagado que hay muchos factores de inseguridad, entre ellos la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de órganos. Hay una preocpación con respecto a estos temas», agregó.
El joven opositor además dijo a Artículo 66 que «si bien es cierto en estas sanciones salen a relucir nombre como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la vicepresidenta del país Rosario Murillo; y sus hijos, creo que más allá de afectar la imagen de Nicaragua, viene a reafirmar la realidad que se vive en el país».
«Estas personas (sancionadas) han sido parte del circulo corrupto del régimen y son además responsables de la represión que se vive en el país, inclusive crímenes de lesa humanidad que ya han sido detallados por multiples informes internacionales entre ellos de la CIDH y del grupo independiente de la ONU», sostuvo.
