El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó, a través del portal religioso de noticias Vatican News, la salida de 12 sacerdotes que el régimen de Ortega mantuvo presos en las cárceles de Nicaragua o bajo «seminario por cárcel».
Sin mencionar directamente al régimen de Daniel Ortega, Bruni mencionó que «se ha pedido a la Santa Sede que acoja a 12 sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel. La Santa Sede ha aceptado».
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Asimismo, subrayó que los religiosos desterrados «serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde (de este 19 de octubre) y alojados en algunas dependencias de la Diócesis de Roma».
Los sacerdotes liberados fueron: el padre Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes, y según el mismo parte oficial de la dictadura nicaragüense, todos «serán recibidos en Roma, según coordinaciones, por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede».
Según detalla el comunicado oficial del régimen sandinista, «luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro Pueblo que se logró un Acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 Sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados, y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde —miércoles, 18 de octubre—».
Sacerdotes liberados, luego de ser condenados por delitos comunes
El primer sacerdote de la lista de desterrados es el padre Manuel Salvador García, de la parroquia de Nandaime, quien había sido encarcelado bajo la acusación de agresión física contra una mujer, la que luego se retractó de acusar al religioso y el régimen, en represalia, la acusó a ella por falso testimonio. La mujer responde al nombre de Martha Candelaria Rivas y aun permanece encerrada en el penitenciario de mujeres conocido como «La Esperanza».
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El segundo de la lista es el padre José Leonardo Urbina Rodríguez, también acusado por delito común de supuestamente haber abusado sexualmente de una menor en Boaco. Durante la audiencia judicial, incluso, la dictadura llevó a supuestos parientes de la niña víctima y los lanzó a insultar e intentar agredir físicamente al cura. Todo ese supuesto proceso judicial habría quedado enterrado y la presunta víctima, sin justicia por la santa voluntad de Ortega, que lo único que demuestra es que todos estos casos responden al deseo de perseguir a la iglesia y de instrumentalizar al sistema judicial para esas maniobras.
Los otros sacerdotes fueron capturados por pronunciarse y pedir oración a favor del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Los religiosos fueron secuestrados en municipios tan alejados como Mulukukú; El Cuá, Jinotega; y otras zonas alejadas de Estelí y Nueva Segovia.
También van en la lista varios sacerdotes que estuvieron ligados a la extinta ONG social Caritas, la que fue desmantelada por el régimen y luego sus sacerdotes encargados fueron encausados en una presunta investigación de lavado de dinero. Tampoco esas acusaciones progresaron, pero los religiosos fueron recluidos en las prisiones o incluso mantenidos por varios meses en el Seminario, en Managua.
Tras el destierro de los religiosos, Excepto monseñor Rolando Álvarez, quien sigue cautivo en celdas de máxima seguridad de La Modelo, la dictadura de Ortega afirmó que «no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses, y este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría».
