El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó las detenciones durante las últimas semanas en contra de sacerdotes, feligreses de la Iglesia católica «y personas consideradas opositoras por parte de la Policía y paramilitares».
A través de un comunicado, con fecha del 13 de octubre, el organismo denunció que estos actos carecen de total legalidad, violan el debido proceso, tanto de las normativas internas como del Código Procesal Penal, la Constitución Política, así como las garantías internacionales en materia de derechos humanos.
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Asimismo afirmó que el régimen de Ortega y Murillo «persigue la consolidación de un estado totalitario y hace del terrorismo de estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad una política de estado como respuesta a las demandas de un pueblo que continúa exigiendo libertad, verdad y justicia».
A lo anterior, el Colectivo exigió el cese inmediato de «las graves violaciones de derechos humanos, en particular la libertad religiosa y exigimos la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua».
A la vez dijo «unirse» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado «las acciones represivas para «atacar a la iglesia católica y las universidades del país».
CIDH condena represión en contra de la Iglesia católica
Además destacó que el pasado 11 de octubre ante la Asamblea General de la OEA, el secretario adjunto del sistema de peticiones y casos en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó actualización sobre la situación de derechos humanos que se vive en Nicaragua, en la cual reiteró la falta de separación de poderes del Estado y que el espacio cívico se encuentra cerrado por lo cual no existe participación cívica, política y religiosa.
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Respecto a la persecución que vive la iglesia en Nicaragua la CIDH refirió que el cierre al espacio cívico y democrático también incluye severas restricciones a la libertad de religión y a la práctica de la religión católica en el país.
Informaron, además, que hasta la fecha más de 10 sacerdotes se encuentran privados de libertad, también se refirieron a las constantes denuncias realizadas por la CIDH sobre la cancelación de la Orden de los Jesuitas, la expulsión de más de 40 sacerdotes y religiosas, las prohibiciones de celebraciones religiosas como misas, procesiones, cierre de medios de comunicación religiosos, confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia.
En cuanto a los sacerdotes, presos políticos de Ortega, el Colectivo de Derechos Humanos, recordó que el mismo 11 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, quien se encuentra en una celda de máxima seguridad, en La Modelo, «donde se encuentra en grave riesgo por los padecimientos de trombosis en los pies, diabetes e hipertensión, además se le está negando el acceso a la atención médica especializada por lo que solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger su derecho a la vida, integridad personal y salud».
Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, hasta la fecha hay más de 80 presos políticos en el país, si mencionar las innumerables violaciones a la libertad religiosa.
