Martha Candelaria Rivas Hernández es una de las más de 90 personas presas políticas que permanecen encerradas en las celdas de tortura del régimen de Daniel Ortega. La Unidad Nacional Azul y Blanco demanda su inmediata liberación.
Mediante un video, la organización opositora denunció que la ciudadana «se encuentra igual que todas las presas políticas en condiciones infrahumanas en la cárcel (de mujeres) La Esperanza».
Rivas Hernández, originaria de Diriá, municipio de Granada, fue detenida el 21 de junio de 2022 tras negarse a declarar en contra del padre Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime; quien también es un preso político de la dictadura orteguista. La justicia del régimen intentó que la rea de conciencia acusara al sacerdote de haberla agredido con un candado en el rostro, en mayo de ese mismo año.
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La ciudadana fue acusada de rendir falso testimonio y por ese supuesto delito la condenaron a cinco años de prisión. Está encarcelada «por decir la verdad», denuncia la Unab.
En ese sentido, el bloque opositor demandó a la dictadura de Ortega Murillo la libertad inmediata e incondicional de Martha Candelaria Rivas Hernández. «Ella es madre de dos menores de edad, esos niños merecen estar junto a su mamá, en libertad», apuntó.
El «intento» de montaje
En un primer momento, Martha Candelaria declaró a una plataforma digital que el sacerdote de Nandaime la golpeó con un candado después de una discusión que sostuvieron la noche del 30 de mayo en la iglesia Jesús del Nazareno, la cual es presidida por el religioso. Sin embargo, días después se retractó y dijo que todo se trató de un «accidente», razón por la que no firmó la denuncia.
Uno de los testigos claves que usó la Fiscalía para acusar a la mujer del presunto delito de falso testimonio fue su exesposo. El hombre declaró que los golpes que presentaba su expareja fueron provocados por el cura, razón por la que supuestamente Rivas Hernández estaría mintiendo en su testimonio.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hasta el 31 de agosto, el número de nicaragüenses encarcelados por razones políticas ascendía a 89, sin embargo, este número puede ser mayor debido a las últimas detenciones de al menos seis sacerdotes y dos miembros del partido Yatama. Los opositores son objeto de torturas, aislamiento y malos tratos en las cárceles del país.