La fiscalía de El Salvador solicitó este martes a varios tribunales del país centroamericano que se juzgue en varios grupos a 1.739 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes se les imputa delitos como agrupaciones ilícitas.
“La FGR (Fiscalía General de la República) presentó, en diferentes tribunales a nivel nacional varias solicitudes para agrupar” en distintos procesos judiciales a “1.739 pandilleros de la MS”, indicó en su cuenta en la red X.
En julio de 2023 el Congreso, a pedido del gobierno del presidente Nayib Bukele, aprobó reformas que permiten realizar procesos penales masivos a pandilleros sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de los acusados.
De acuerdo con la fiscalía, los pandilleros fueron capturados bajo un régimen de excepción con el cual el gobierno de Bukele mantiene desde marzo de 2022 una ofensiva contra esas agrupaciones delictivas.
Se trata de un grupo de 287 supuestos integrantes de varias células de la MS-13 que operaban en los departamentos de San Miguel, Usulután y Morazán (este).
Un segundo conjunto de 637 presuntos miembros de células que delinquían en los distritos de San Marcos, Soyapango, Apopa y la capital San Salvador (centro).
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Un tercero de 644 supuestos delincuentes que operaban en el departamento de La Libertad (suroeste), un cuarto de 110 que se presume delinquían en el oeste y un quinto de 61 en el sureste de El Salvador.
A los pandilleros, además del delito de agrupaciones ilícitas, se les imputan otros como tenencia ilegal de arma de fuego, casos especiales de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, y posesión y tenencia de drogas.
Desde que comenzó la “guerra” contra las pandillas, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos miembros de esos grupos, de los cuales 7.600 han sido liberados, según el gobierno.
Bukele escribió en X que la Fuerza Armada, actualmente parte de la ofensiva contra las pandillas, “está a punto de lograr su victoria más grande”, sin dar mayores detalles.
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492 cabecillas que controlaron las pandillas enfrentan un proceso judicial como un solo grupo, y deberán responder por los 120.000 homicidios que perpetraron en las últimas tres décadas, según dijo recientemente a la AFP el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
