La Sala Constitucional de Costa Rica derogó y declaró como inconstitucional un artículo del decreto presidencial 43810-MGP, que establecía que la salida del país de un solicitante de refugio se consideraba una renuncia tácita al proceso de solicitud. El fallo de revocación de esta cláusula se efectuó el miércoles, 30 de agosto.
Los jueces costarricenses señalaron que la norma anulada infringía el derecho al refugio, el principio de reserva de ley y la libertad de tránsito. En ese sentido, indicaron que se violentaron las garantías contenidas en los artículos 22 y 28 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los 26, 27 y 28 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, y el artículo 22, incisos 2 y 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El 29 de noviembre de 2022, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó el decreto que reformaba el Reglamento de Personas Refugiadas, en donde se incluía el artículo derogado que imponía sanciones a los solicitantes de refugio que salían del país.
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La Sala Constitucional de Costa Rica también declaró inconstitucional el artículo 4, inciso f, del decreto presidencial 43809-MGP, que el mismo Gobierno derogó en junio de 2023.
Este artículo establecía que para la solicitud de la condición especial temporal para personas migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, era necesario el desistimiento de la gestión de refugio pendiente de resolver o de los recursos formulados en contra de la denegatoria.
Pese a que el artículo ya fue anulado, los judiciales consideraron, que mientras estuvo vigente, esa norma lesionó el numeral 31 de la Constitución Política de Costa Rica y los numerales 1, 32, 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados.
Asimismo, subrayaron que «si bien es una atribución del Poder Ejecutivo trazar la política migratoria del estado costarricense, y definir las acciones para enfrentar la situación que vive el país en la actualidad por el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por la profundización de las situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público que atraviesan esas naciones, las disposiciones impugnadas son inconstitucionales».
Desde el inicio de la crisis política y social en Nicaragua en 2018, miles de nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica, lo que ha superado la capacidad del país para procesar estas solicitudes. Actualmente, se encuentran pendientes de resolución más de 200,000 solicitudes de refugio, la mayoría de ellas presentadas por nicaragüenses, pero también por ciudadanos de Venezuela, Cuba y otras nacionalidades.