El Ejército de Nicaragua, que hasta antes de 2007 había alcanzado un notable nivel de profesionalización y apego a las leyes del país, luego del regreso al poder de Daniel Ortega, se ha convertido en un «poderoso empresario» y un subordinado a ciegas al dictador que le ha ayudado a crecer como Ejército-Empresario, a cambio de lealtad y complicidad en el fortalecimiento del Estado totalitario que impulsa la familia en el poder.
El evento más reciente y palpable de la sumisión humillante de los uniformados a Rosario Murillo y Daniel Ortega ocurrió esta semana, cuando el matrimonio dictatorial ordenó a la Universidad Americana (UAM) —propiedad de los militares— rechazar a unos 600 estudiantes de la robada Universidad Centroamericana (UCA), que ya estaban tramitando su ingreso a esa casa de estudios para capear el intento del gobierno sandinista de imponer una universidad de adoctrinamiento partidario.
Los militares dueños de la UAM, bajaron la cabeza y obedecieron. Notificaron a los estudiantes que no los podían recibir y les regresaron el dinero que ya habían invertido. Esa sumisión que para algunos analistas resulta humillante ha hecho que el Ejército gane mucho dinero, pero pierda el honor militar.
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La subordinación cómplice de los generales nicaragüenses a los caprichos de la pareja tiránica le cortó al Ejército un ingreso de 155 mil dólares mensuales por concepto de aranceles, tomando en cuanto que fueron 600 exUCA que rechazaron y que la mensualidad en la UAM es de 258 dólares en promedio para las 21 carreras que ofrece, según las tarifas publicadas en la página web oficial de esa universidad.
Algunos analistas opinaron en diversos medios de comunicación que, la «torcida de brazo» al Ejército que habría ordenado la vicedictadora, Rosario Murillo, tendría «molestos» a los coroneles y generales que conforman el Consejo Militar.
Sin embargo, analistas consultados por Artículo 66 coinciden en que a los uniformados les convenía más acatar la orden, aunque atentara un poco contra una de sus empresas, que es la UAM, que desobedecer; porque pondría en riesgo sus otras empresas y su comodidad de cómplices adinerados.
Para un analista de temas de seguridad y conocedor de la relación Ejército-Gobierno, que pidió mantener su identidad en reserva, el Consejo Militar no debe estar incómodo por haber tenido que acatar la orden de rechazar a los estudiantes exUCA, sobre todo porque «no era un negocio tan lucrativo como otros», además porque solo están regresando un favor a los dictadores.
«Más que una imposición (de Murillo) yo creo que es una conveniencia de negocio. Porque las relaciones cívicos militares, y en este caso entre la familia Ortega y el cuerpo de mando del Ejército de Nicaragua, está determinado por los intereses de negocio, o sea, la columna vertebral de las relaciones cívicos-militares, de balance entre el poder civil y el poder militar son intereses económicos», analiza el experto.
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«Ortega le permite a las fuerzas armadas nuevos negocios y ampliar los actuales, mientras que el Ejército le ofrece seguridad y estabilidad, entonces una relación biunívoca de conveniencia», agregó el analista.
Por su parte, Javier Melendez, analista de temas de seguridad, de la plataforma de análisis regional Expediente Abierto, coincide en que la torcida de brazos de Murillo propinada al Ejército no pasará a más porque son más grandes los intereses del Ejército que su propio honor como cuerpo castrense.
Mientras que el mayor del Ejército en retiro Roberto Samcam opina que la situación de la UAM y el rechazo a los exUCA hay que verlo desde la perspectiva de que el Ejército, que es el dueño de la UAM, le hizo ese favor a los dictadores, «porque Ortega es quien le dio la plata para que creciera el holding empresarial que tiene el Ejército», dijo el militar retirado.
Los empresarios en uniforme
En tanto, el politólogo y dirigente opositor desterrado por la dictadura Félix Maradiaga destaca que Ortega es el responsable de acabar con el nivel de profesionalización que el Ejército mantuvo durante los 16 años anteriores al 2007.
Recordó que las fuerzas armadas ya tenían un «código militar» y había sido dotado de un precepto constitucional en 1995 que establecía que el Ejército debía ser «apartidista, no deliberante, subordinado a la autoridad civil a través del Ministerio correspondiente», además, en ese periodo se creó la ley 290, que en su artículo 20 establecía mecanismos de control civil para evitar que el Ejército fuera instrumentalizado con fines partidistas. Todo eso fue eliminado por Ortega en su afán de someter al Ejército a su control absoluto.
Bajo esos principios de profesionalización, muchos oficiales de medio y alto rango fueron enviados a estudiar a academias de Estados Unidos, España, Chile y Francia. Ortega ahora los manda a Cuba y Rusia.
Según explica Maradiaga, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa, a inicios de los años 2000, el tema de la Universidad Americana enfatiza que el Ejército, a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), se ha convertido en «empresarios en uniforme» y la Universidad Americana es una de sus inversiones.
Maradiaga explica que, el tema de la UAM, rechanzando a estudiantes exUCA por órdenes de los dictadores, hace ver con más claridad que los jefes del Ejército se han convertido en «empresarios en uniforme» sometidos por intereses económicos.
Maradiaga destacó que la obediencia ciega del Ejército al matrimonio dictatorial se ve reflejada en el reciente rechazo de la UAM a los estudiantes provenientes de la UCA que fue robada por la dictadura. «Esa actitud es injustificable y moralmente reprochable, es fruto de esa obediencia ciega» de la institución armada, criticó.